Como lo he señalado oportunamente, el Gobierno del Estado de Sinaloa no ha cumplido los compromisos contraídos con el Movimiento Antorchista, para dotar de los servicios más elementales a miles de familias indígenas, que habitan, desde tiempos ancestrales, sus comunidades, o bien, como en el caso de Culiacán, Los Mochis y Mazatlán, que viven hacinadas en viviendas ajenas y pagando altísimas rentas. Pero hay algo peor, el negarles a cerca de un millar de jóvenes estudiantes preparatorianos el derecho a contar con escuelas dignas en donde puedan adquirir la suficiente calidad educativa para convertirse en futuros generadores de ciencia y tecnología, es estarlos condenando a un futuro incierto y gris, pues es imposible que bajo aulas de lámina de cartón, a temperaturas promedio de 37 grados centígrados y prácticamente a la intemperie, se logre siquiera una mediana calidad educativa.

Y es que soñar con contar con agua potable, drenaje, electrificación, educación, o con un pedacito de apenas 128 metros cuadrados por familia –y comprado en facilidades, por supuesto-, es algo completamente legítimo y justo; inclusive forman parte de los derechos humanos, tutelados por todos los gobiernos progresistas en el mundo y que, sabiamente, están consagrados dentro de nuestra Constitución Política Mexicana.

Cabe dejar muy claro que, sabedores de la problemática económica por la que atraviesa nuestro país –y que por cierto las clases trabajadoras no tienen ninguna culpa-, sería necio pretender que una vez hecha la solicitud respectiva, se nos resolviese de inmediato, como si fuéramos los únicos ciudadanos con los problemas señalados. Nada de eso. Los antorchistas sabemos esperar, ser respetuosos de las instituciones que han ido cuajando poco a poco, a través de la historia, para ser las encargadas de impartir justicia a todos los ciudadanos. Pero en la actualidad, toda paciencia franciscana tiene un límite: cuando los funcionarios ponen oídos sordos y se cubren con una piel insensible ante los justos reclamos de sus gobernados.

En el caso de las familias organizadas en Antorcha Campesina, que se han topado una y otra vez con la cerrazón oficial, no les ha quedado otra alternativa que la de echar mano de las marchas y los mítines como una manera de denunciar a la ciudadanía la negativa oficial ante sus justas y elementales peticiones. Y es que desde hace ya varios años se le plantearon al Gobierno del Estado la solución de las demandas, se suscribieron acuerdos y se pusieron plazos, pero los avances han sido muy pobres. Es más, después de una minuta incumplida unilateralmente, se han suscrito otras que se vuelven a echar al cesto de la basura. Pero lo que agrava más la situación es que también se cierran los canales del diálogo, sufriendo el maltrato de algunos funcionarios que miran a los integrantes de las comisiones como pedigüeños a quienes se dan el gusto de maltratar de manera franca o sutil.

Así están las cosas. Hoy es el día en que sólo se ha atendido alrededor del 20% de las peticiones enarboladas por el Movimiento Antorchista, a pesar de que el  29 de junio del presente año, el Licenciado Jesús Aguilar Padilla, gobernador del estado, tuvo la gentileza de atendernos y escuchar nuestras peticiones. Y aquí no hay más que dos explicaciones: o los funcionarios, de su gabinete, mintieron en su presencia afirmando que no había ningún impedimento para cumplir con los acuerdos, o bien, se trata de un claro desacato a las instrucciones del Titular del Ejecutivo Estatal. Para el caso es lo mismo, los peticionarios siguen esperando el cumplimiento de los acuerdos.

Esos fueron los motivos de la marcha del pasado 29 de septiembre. Y esos son los motivos por los que los antorchistas nos aprestamos para una nueva marcha, más numerosa, que culminará con un plantón indefinido frente al Palacio de Gobierno, el próximo 5 de noviembre. La necesidad de un poco de justicia social y la sordera de los funcionarios como el Ingeniero Pablo Moreno Cota, Secretario de Desarrollo Social y Sustentable, son los culpables de las manifestaciones públicas, pues, parafraseando un pasaje de una obra inmortal de Lope de Vega: ¿Quién es el culpable de las marchas y plantones? El hambre de justicia, Señor Gobernador.