En lo que va del presente año se han suscitado varias invasiones de predios urbanos en la capital del Estado de Sinaloa, Culiacán, y los datos más conservadores hablan de cuatro asentamientos humanos, que involucran a alrededor de mil quinientas familias. Si tomamos en cuenta que como promedio cada familia consta de cinco miembros, estamos hablando que son alrededor de siete mil quinientos seres humanos que se encuentran viviendo en condiciones infrahumanas con la constante zozobra de quienes son cabeza de familia, ante el temor de un casi seguro desalojo violento por parte de las autoridades competentes, y la nula alternativa de solución a un problema demasiado añejo, que se ceba en los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad.
Este fenómeno sólo habla de todas aquellas familias desesperadas, que viviendo como parias en su propia tierra, sin trabajo seguro y bien remunerado, ya han perdido toda esperanza en la promesa oficial que nunca se materializa y se han visto forzadas, pese a todos los riegos, a cruzar el Rubicón, es decir, a lanzarse a una empresa que saben las pone fuera de la ley, pero que no ven otra alternativa para resolver por la vía legal el anciano problema de la vivienda. Pero, como suele decirse, esto sólo es la punta del iceberg, pues en Culiacán, según el INEGI, en 2005 había ya un déficit cualitativo de 33 mil 818 viviendas que no cuentan con servicios más elementales como agua entubada y electricidad; y un déficit cuantitativo de 2 mil 203, es decir, aquellas familias que de plano tienen que vivir hacinadas. Pero aquí no hablaremos de las condiciones paupérrimas de decenas de miles de viviendas, que sería materia de otro tema, sino tan sólo de las que se necesitan con tanta urgencia, que inclusive la dotación de un solar a precio y en condiciones de pago razonables podría resolver de inmediato el problema. Además, estamos hablando de estadísticas oficiales de antes de la crisis económica en la que se encuentra hundida la clase trabajadora de nuestro país: es decir, estamos ante una potenciación de la pobreza en México -por ejemplo, 400 mil sinaloenses viven en crisis alimentaria-, y por ende, de la falta de vivienda.
Ante los datos duros que proporcionan los organismos oficiales ¿Cuál es la actitud del Gobierno del Estado? ¿Qué alternativas presentan para resolver el problema de la vivienda de los que producen la riqueza social y no tienen asegurado nada, salvo el desempleo, el subempleo, la falta de vivienda, el hambre y la miseria física y moral?
Es conocido por todos el papel que debería jugar la Secretaría de Desarrollo Social Sustentable y, en concreto, el Instituto de la Vivienda del Estado de Sinaloa en la materia. Los títulos de las citadas instituciones hablan por sí solos de la misión que les corresponde. Lamentablemente, para desgracia de miles de familias precaristas, las promesas de solución de las necesidades más elementales abundan, se repiten hasta el cansancio, con el consecuente desgaste de la credibilidad. Por ejemplo, en el caso concreto de los acuerdos suscritos por parte del Movimiento Antorchista y el Gobierno del Estado, que encabeza el Licenciado Jesús Aguilar Padilla, en el tema de vivienda, hasta la fecha y sólo a partir de 2007 ya van tres documentos que las autoridades estatales vuelven a suscribir y vuelven a incumplir. Es más, el propio gobernador atendió a los integrantes del Comité Estatal, el pasado 29 de junio, y se comprometió a cumplir con lo acordado, pero los compromisos siguen sin materializarse. Y lo peor, se niegan a dialogar con los representantes antorchistas, cerrando unilateralmente la posibilidad de diálogo que tanto pregonan.
Con este estado de cosas, a las familias humildes que anhelan un lote en donde construir poco a poco sus humildes viviendas, no les dejan otra alternativa más que la invasión de predios urbanos.
Sin embargo, con todo el respeto que se merecen las familias desesperadas de vivienda, el movimiento antorchista sostiene que debemos exigir y denunciar públicamente la insensibilidad y sordera política de quienes se ostentan como servidores públicos hasta lograr que se nos haga justicia, porque son ellos, los encargados de las dependencias señaladas, los verdaderos culpables de las invasiones de predios urbanos. De eso no cabe la menor duda.
