En el último mes, el Gobierno de la República y el Congreso de la Unión han acentuado el nivel de descrédito que se han ganado a pulso en años recientes, por refrendar que la política de ingresos siga descansando sobre el lomo del mexicano más abatido en la escala social, mientras el gasto social esté lleno de trucos, engañifas éstas que se traducen en una peligrosa especie de juego de manos donde se le sigue echando piedras al buche.
De un gobierno como el que actualmente nos rige, no podía esperarse más prioridad que la protección propia y de la casta de que surgió, mientras el abatimiento de la pobreza, que raya en la miseria más lacerante y ofensiva en un país hipotéticamente en vías de desarrollo, ha sido literalmente borrado del diccionario oficial, sino es más que para justificar la extracción de mayores recursos por la “saludable” vía de gravar más el consumo para destinarlos, es la estafa, al combate a la pobreza.
La imagen espantosa que ambas instituciones tienen entre la población, sería menos deshonrosa si cada cual rectificara el camino y fuera en el mismo sentido de esta población necesitada de más y mejores herramientas para paliar una crisis (en todo sentido) que fue anunciada como pasajera pero que, como en experiencias pasadas, se le perpetúa.
El gobierno del presidente Felipe Calderón, atrapado en sus propias redes de previsiones económicas ineptas (¿catarrito? ¡pulmonía fulminante!) y de oferta social miserable e inmensamente indigna cuando no mentirosa, intensifica su política asistencialista para oficialmente hacer de éste un país de limosneros, de ciudadanos ocupados en mendigar para no morir por inanición.
Mientras sostiene esta labor de distractiva pero altamente controladora y que debido al tinte paternalista presupone la sumisión del pueblo hacia su mismo opresor, la estructura gubernamental hace fiesta y se da sus atracones presupuestales desviando, reteniendo o utilizando a su antojo los recursos públicos a que es obligado por ley para destinarlos a la materia social.
Otra vía de disimulo y escamoteo la cifra el gobierno federal en la entrega de participaciones federales a los municipios, provenientes de un Fondo General de Participaciones que actualmente se encuentra establecido con el 20 por ciento de la Recaudación Federal Participable.
Cuando caen a las arcas municipales, estas participaciones, se supone, son de vital importancia para la conformación de las haciendas municipales, pero que en realidad SON SU PRINCIPAL FUENTE DE RECURSOS. Esta circunstancia ha hecho del municipio una entidad dependiente de los caprichos del Ejecutivo Federal, y siempre han puesto en muy mala posición su autonomía constitucionalmente protegida.
De este modo, ocurren, por ejemplo, escenas de franca humillación a los municipios que, además de ser sometidos a los caprichos del Ejecutivo federal y, poco más abajo, de los respectivos ejecutivos estatales, ven en el endeudamiento su salida a las penurias financieras para solventar así los gastos, mantenerse medio erguidos y atender a su población.
Para el caso: Tasquillo fue el tercero de los municipios hidalguenses en endeudarse con dos mil 500 millones de pesos para enfrentar sus compromisos de obras pública. El coahuilense municipio de Torreón deberá hacer malabares durante diez años para pagar un reciente crédito de 174 millones de pesos; en ese periodo, la deuda ascenderá a 234 millones de pesos. Más: al menos cinco municipios localizados en la zona Oriente del Estado de México, adeudan en conjunto 515.3 millones de pesos solamente por consumo de energía eléctrica. Y no tienen de dónde agarrar porque las participaciones no llegan.
Lo malo es que, hasta ayer, en el país existían dos mil 443 municipios. Y probablemente con más de la mitad en condiciones de indigencia.
El ambiente lo completa el mismo gobierno federal: su deuda con los Ayuntamientos es superior a los 12 mil millones de pesos por concepto de predial y servicio de agua de sus dependencias, mientras sostiene una febril y carísima guerra contra el crimen organizado, a donde, es claro, van a parar parte de esos recursos negados al municipio. Además, la calderonista “guerrita” no tuviera nada de despreciable si en tres años ya hubiera tenido resultados sólidos, más que los 15 mil muertos que ha producido (cifra roja en constante aumento) y que ha hecho más sanguinarias y desafiantes a las bandas criminales.
Los tortuosos caminos que debe seguir la aprobación de leyes en México, también fuera justificado si, como en este caso, el Poder Legislativo realmente sometiera al Ejecutivo a una disciplina razonable en el gasto público, con el cumplimiento puntual de las asignaciones al gasto social como prioridad, visto éste como vía de descontento y de probable estallido social si no fluye como se ha planeado.
Si el Gobierno de la República ya ha colmado el plato con sus malas artes de priorizar banalidades (como el gasto corriente de su gabinete, gasto que estuviera bien invertido si no fuera tan inútil…el gabinete) y cobijar al gran inversionista por la vía de la evasión y la protección al gran capital con recursos públicos, el Poder Legislativo tiene una oportunidad más de ser realmente el contrapeso o, de lo contrario, confirmar de plano su calidad de cómplice en medio de una crisis que, acomodada a conveniencia gubernamental, sólo existe como argumento para domesticar a 80 millones de mexicanos paupérrimos.
Sin embargo, con su reciente aval a la paliza que por la vía fiscal le preparó el gobierno de la República a los mexicanos para el próximo año, ¿realmente el Congreso de la Unión compartirá la idea de que la cuerda nacional aún resiste? ¿Verdaderamente se ciega y hace oídos sordos al clamor para que obligue al Ejecutivo a que haga circular el gasto social que el mismo Legislativo ordenó?
Si es así, ni pa’ dónde hacerse.
Valiente aliado tiene el pueblo.
