La palabra educación está proscrita en San Luís Potosí. En esta entidad, tratar de alcanzar este derecho, consagrado en el artículo tercero de nuestra Constitución Política, prácticamente se ha convertido en un delito; igual que exigir el derecho al trabajo, a la vivienda, a la salud, a una vida más digna y justa, sobre todo para los que menos tienen.
En días recientes me enteré de la lucha que vienen impulsando cientos de jóvenes potosinos, por lograr tener acceso a la educación para, en mejores condiciones, como profesionistas, servir a su patria y a la sociedad; es el caso de 350 jóvenes de la Escuela Normal Camilo Arriaga, (ENCA), que están en riesgo de perder sus estudios porque la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) les niega el registro de su matrícula al sistema de normales en el estado. La respuesta de las autoridades educativas, lejos de escuchar los justos y nobles propósitos de estos estudiantes, ha sido cerrarles las puertas y, como si fueran viles delincuentes, amenazarlos con truncarles sus aspiraciones, bajo el argumento de que, “en San Luís Potosí ya no hacen falta maestros”, que el rezago educativo es tema del pasado, que dejen de exigir su derecho a la educación y que se larguen a “trabajar”, que “son revoltosos e intransigentes”, etc.
Cualquier potosino que conozca los graves problemas sociales que existen en la entidad, sabe perfectamente que los argumentos de los funcionarios de la SEGE son totalmente falsos; el problema educativo en San Luís es verdaderamente grave. Según datos oficiales de la propia SEGE, a través del Programa para Abatir el Rezago de Educación Inicial y Básica, PAREIB, en el estado existen más 700 mil personas mayores de 15 años, que nunca terminaron su educación básica; entre ellos hay miles que saben leer ni escribir. En la prueba Enlace, aplicada a los escolares de educación primaria, ocupamos el penúltimo lugar a nivel nacional; los niños tienen graves problemas en los conocimientos de español y matemáticas. Otro dato más, ocupamos el segundo lugar, entre las 32 entidades del país, en ausentismo de maestros, sólo nos gana el estado de Tabasco, lo que expresa la falta de maestros en muchas zonas del estado y en días clase.
Los problemas educativos en San Luís Potosí tienen sus causas, de manera primordial, en la nefasta política educativa que se encuentra enquistada desde hace muchos años en la SEGE, y en la injusta aplicación de los recursos públicos para abatir el rezago educativo. Existe una política “de cosmético”, de información de cifras alegres. Se habla de que ya está cubierto el rezago en educación primaria, por la suma de esfuerzos de docentes normalistas, maestros por honorarios, asesores de Instituto Estatal de Educación para los Adultos (IEEA) y maestros del Conafe, pero hay mucha simulación respecto a la calidad educativa de quienes reciben la educación y un “ahorro” criminal de recursos que debieran aplicarse en la enseñanza de la población, sobre todo de aquella que no tiene los recursos para colocarse en una institución educativa privada. Veamos: muchos maestros por honorarios son egresados de las escuelas normales que, según la Ley de Educación, debieran incorporarse de manera inmediata al sistema educativo nacional y obtener su “plaza de maestro”; sin embargo, se les niega este derecho, pues duran años y años trabajando con un miserable salario que va de los 1,200 a 1,500 quincenales, sin pago de vacaciones, aguinaldo y demás prestaciones. ¿Con qué ánimo y ganas van a desempeñar a su trabajo, ya que tienen problemas de transporte y hasta de lo más mínimo, para sobrevivir en las comunidades más remotas de nuestra entidad, lugar a donde se les manda? Maestros que tienen que atender los llamados grupos “multigrado”, grupos de escolares que van del primero al sexto grado, amontonados en un aula. En iguales condiciones “enseñan” los maestros del Conafe, que son alumnos egresados de secundaria, que reciben un pago de 600 pesos al mes. ¿Y los asesores de IEEA? Éste es el fraude más grotesco que se hace a una población que pide educación, con la entrega de certificados de educación primaria, secundaria y hasta preparatoria en “seis meses”. Si en un sistema escolarizado vemos los vergonzantes resultados a través de la prueba Enlace. ¿Que se puede esperar de este programa de “certificación de conocimientos” al vapor?
El problema no se resuelve inventando cifras y argumentos torcidos, mucho menos con amenazas de truncar los estudios de quienes intentan hacer algo por su sociedad y por su patria, en el terreno educativo. Pero tal parece que a nuestras autoridades educativas les interesa mantener este estado de cosas hasta la eternidad, con tal de que nuestros jóvenes no se preparen ni eduquen. Aplican una política criminal, donde se privilegia lo absurdo; orillan a nuestra juventud a la delincuencia o a los vicios, antes que darles educación o empleo; tal parece que a los funcionarios de la SEGE les resulta más cómodo pagar la manutención de un joven en la cárcel, que darle la oportunidad de estudiar. Y bueno, en el caso de la petición de los estudiantes de la ENCA la situación es más injusta porque ellos no piden que el estado o la SEGE, les pague sus estudios. Ellos y su familia lo están haciendo; sólo piden que los dejen estudiar. ¿Acaso esto es pedir mucho? ¿Una necedad? ¿Un delito?
Vale el consejo del maestro Jesús Reyes Heroles: “Cuesta mucho dar educación, pero cuesta más no hacerlo”. Ojala los funcionarios de la SEGE lo escuchen y lo entiendan.
