Han transcurrido ya los primeros 100 días de gobierno de las administraciones municipales cuyos titulares apenas hace unos meses recorrían una a una las comunidades, en calidad de candidatos, sin que se les escapara ni la vivienda más recóndita, ni la más humilde, en busca del sufragio ciudadano.
Y una vez más ha ocurrido lo que suele ocurrir en esta democracia que vivimos, en la cual, el único derecho que tiene el pueblo es votar: apenas llegados al poder, los señores presidentes municipales se olvidaron de todos sus compromisos de campaña y, por el contrario, se niegan a recibir a sus conciudadanos y, cuando los reciben, sólo es para decirles lo mismo de siempre, haya o no haya crisis, que “no hay dinero” para atender sus peticiones. Más aún, en algunos casos, les echan a la policía o los atacan física y políticamente, pensando que con agresiones van a acallar sus voces de petición y de protesta.
Esta actitud de los ediles le hace concluir al pueblo que por mucho que se declare, por nuestro gobernador y los dirigentes de los partidos políticos, que se trata de hacer una política nueva, cercana a la gente, de compromisos con la gente, etc., en realidad estamos ante la misma vieja visión autoritaria de los gobernantes, en donde los favores del poder son para una minoría de privilegiados y para el pueblo no hay sino indiferencia, negativas y agresiones.
Los campesinos agrupados en el Movimiento Antorchista han vivido en carne propia esta respuesta de los munícipes recién entrados en funciones. Habiendo acudido desde los primeros días de gobierno a las presidencias municipales de 24 municipios rurales con sus peticiones –todas elementales, todas justificadas- como obras de agua, de drenaje, de luz, de educación, de salud, de apoyo a la vivienda, y otras similares, la respuesta a sus gestiones, puede resumirse apretadamente así: en varios municipios no los han atendido (el presidente siempre está ocupado en cosas más importantes y no tiene tiempo para atender a sus gobernados); en otros los han recibido pero no les han dado respuesta a ninguna de las peticiones, como si se hubiesen puesto de acuerdo, se las niegan de plano o les dicen que estudiarán sus peticiones y que hasta el mes de enero estarán en condiciones de saber qué se les podrá resolver; en los casos más graves, a este tipo de respuestas se le agrega por el edil en cuestión la instrumentación de una campaña en toda forma en contra de los peticionarios acusándolos de todo, proclamando que no les resolverán nada mientras se presenten organizados y llamando a los cabecillas para ofrecerles apoyos personales a cambio de que abandonen la lucha común.
Los casos más graves con que los campesinos se han encontrado son: San José del Rincón, San Felipe del Progreso, Atlacomulco, Acambay, Sultepec. En el primero de estos casos, el Presidente Municipal ha dejado plantados a los peticionarios en 8 citas que él mismo les dio, pero además atacó personalmente a golpes a mujeres, niños y adultos, al término de una carrera deportiva, sin ninguna justificación; en el segundo, el Presidente declara que no les resolverá nada y pregona en las comunidades que los meterá a la cárcel; en el tercero, la policía detuvo arbitrariamente a una campesino y a su esposa por estar difundiendo un volante, porque en Atlacomulco, “está prohibido”; en Acambay, se cita y se presiona a la delegada electa de una comunidad para que renuncie, por ser afín al antorchismo; en Sultepec, el edil no recibe, no resuelve, y orquesta una campaña mediática en contra de los dirigentes antorchistas, presentándolos como verdaderos delincuentes.
Con excepción del último municipio mencionado, todos los demás son municipios priistas, los cuales, no sólo por el papel objetivo que juega el gobierno estatal, sino por la afinidad con el mismo, deberían seguir la política que aconsejen los responsables de la política interior en el estado. De donde salta la pregunta ¿Son esas las instrucciones que emanan de las oficinas del palacio de gobierno? ó ¿Los señores presidentes asumen esa política por su cuenta y riesgo?
Sea como sea, la actuación de algunos de ellos ha caído en la ilegalidad, en delitos del fuero común, amén de conculcar con su actuación los derechos de organización y de petición que consagra la constitución.
Pidiendo la intervención del Sr. Gobernador, para que se castigue a los ediles que han cometidos delitos, pero, sobre todo, para que se les ponga un alto a sus abusos y retomen su función de facilitadores de la solución de los problemas que aquejan a sus gobernados, cinco mil campesinos marcharán por las calles de Toluca este 2 de diciembre, según lo han anunciado.
Ojalá alguien en el Palacio ponga oído atento y tome cartas en el asunto. La estabilidad política de nuestra entidad, los proyectos del Sr. Gobernador y, sobre todo, la más elemental justicia, así lo reclaman.
