Conforme a la teoría de la división de poderes en la que se basa la vida política de nuestro país, el poder legislativo, integrado por representantes de la población a lo largo y ancho de su territorio, tiene, entre otras, la función de servir de contrapeso del poder Ejecutivo, representado por el Presidente de la República y las diversas dependencias del gobierno federal.

            ¿Contrapeso para qué? Evidentemente, para enmendar la plana, corregir al Ejecutivo en sus propuestas y determinaciones cuando sea necesario, partiendo de la base cierta de que el legislativo está más en contacto con la población y, por tanto, puede representar mejor los intereses de ésta en cada problema en particular.

            Ofrezco disculpas por esquematizar de modo tan burdo este aspecto de la relación entre ejecutivo y legislativo, pero para el propósito de esta colaboración sirve.

            Pues bien, basados en ello, los campesinos y colonos antorchistas del Estado de México y de otros estados del país, así como integrantes de otras organizaciones del oriente mexiquense acudieron, en número superior a 30,000, ante el H. Congreso de la Unión el pasado 26 de octubre para pedir la intervención del mismo en dos problemas de la mayor importancia:

            El primero, la negativa rotunda de la Secretaría de Desarrollo Social, dirigida por Ernesto Cordero Arroyo, a incorporar en los programas de dicha dependencia (vivienda, Oportunidades, etc.) a miles de campesinos y colonos que justifican plenamente ser sujetos de dichos apoyos, pero que se les niega el beneficio  por estar agrupados en el Movimiento Antorchista, es decir, por razones de discriminación política.

            El segundo, la petición de pobladores de diversos municipios: Chimalhuacán, Ixtapaluca, Chalco, La Paz, etc., de que los recursos para ejecutar obras de gran impacto –y que por lo mismo están fuera del alcance de los presidente municipales- sean incorporados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010.

            En una actitud que los honra, en estos tiempos en que casi nadie escucha al pobre, los integrantes de la H. Cámara de Diputados atendieron a los peticionarios: el Presidente de la Comisión de Desarrollo Social, Dip. José Francisco Yunes Zorrilla,  para conocer del primer problema; y la Presidente de la Comisión de Asuntos Metropolitanos, Dip. Alma Carolina Viggiano Austria, para ventilar el segundo. No sólo eso. La reunión entre los Presidentes de las Comisiones y los peticionarios estuvo presidida, como testigo de honor, por el coordinador de los diputados priistas, Francisco Rojas Gutiérrez. Todos ellos dijeron a los campesinos y colonos que interpondrán sus buenos oficios para lograr que ambos problemas se resuelvan.

            Aplaudo sinceramente esa actitud de los señores diputados, pues en una época de crispación como la nuestra, en que crece y se agudiza la pobreza y con ella todos los sufrimientos que le son inherentes, si los pobres no pueden encontrar solución a sus carencias ancestrales, cuando menos deben encontrar oídos atentos, sensibilidad a flor de piel en sus representantes y en los funcionarios de todo nivel, y hoy la encontraron en los representantes populares.

            Está pendiente, y esto deberá definirse a más tardar el 15 de noviembre en que se aprueba el Presupuesto de Egresos de la Federación, que los buenos oficios de los legisladores se conviertan en hechos crasos, contantes y sonantes, pues no hay que olvidar que, según reza el adagio popular “obras son amores y no buenas razones”.

            Los campesinos y colonos regresarán a la sede del Congreso –pues la dura vida los ha vuelto desconfiados- el 10 de noviembre y permanecerán hasta el día 15, velando de día y de noche por sus intereses. Hago votos porque las Comisiones mencionadas y el Pleno de la Cámara respalden las peticiones de los desposeídos y les brinden el cobijo y el amparo de la más alta representación del país.

            En la danza de los millones que representa el Presupuesto de Egresos de la Federación, es plausible considerar no sólo lo que propone el Ejecutivo Federal, no sólo lo que piden los Sres. Gobernadores en bien de sus estados, sino también, aunque sea en una pequeñísima proporción –pues eso significan los proyectos presentados- las iniciativas que impulsan desde abajo las organizaciones de los trabajadores.

            De ocurrir esto, no sólo el legislativo estará enmendando la plana al ejecutivo federal, incorporando las peticiones de los que nada tienen, sino, sobre todo, estará haciendo un acto de elemental justicia y abonando en pro de la precaria estabilidad política y social de nuestro deteriorado país. Hace falta una nota de aliento en el ambiente generalizado de desesperanza que flota en nuestra patria.