El gobierno federal reconoce las cifras récord alcanzadas en nuestro país en los últimos meses, para desgracia de los mexicanos, me refiero al crecimiento en el número absoluto de pobres, al número de personas que literalmente tienen hambre –más de 20 millones- porque sus ingresos no son suficientes para adquirir la canasta básica, llamados eufemísticamente “pobres alimentarios”, al número de desempleados que, antes de la “extinción” de Luz y Fuerza del Centro, rebasaba ya los dos millones ochocientos mil.
Reconoce también que, como si fuera el correlato necesario de esta depauperación del pueblo mexicano, al propio tiempo, como lo señala la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto aplicada por el INEGI, las capas más ricas de la población aumentan sus ingresos, es decir, se hacen más ricas y, por tanto más poderosas.
En una palabra, reconoce que estamos frente a una reedición de aquel panorama que existía en nuestro país en vísperas de la Guerra de Independencia y que hizo escribir a Abad y Queipo, quien no se confundía por la existencia de gran número de castas: “En la Nueva España sólo hay dos grupos sociales: los que lo tienen todo, y los que no tienen nada”.
Del reconocimiento de que la pobreza y la desigualdad crecen en nuestra patria, saca nuestro gobierno una sola conclusión: hay que cobrar nuevos impuestos y acrecentar los que ya existen para destinar mayores recursos a los programas de combate a la pobreza como Oportunidades y Seguro Popular.
Entre paréntesis diré que esta manera de enfrentar el problema de la pobreza revela, además de indigencia intelectual, la falta absoluta de un proyecto de desarrollo nacional de mediano y largo plazo que necesariamente debería contemplar, entre otras medidas, inversión en capital humano: educación, investigación, desarrollo tecnológico, salud, y creación de empleos, como lo han señalado personalidades tan diversas como el rector de la UNAM, el empresario Carlos Slim y aún connotados panistas. Más no es ese el tema de esta colaboración.
Lo que me interesa destacar es que ni por asomo el gobierno federal concluye que en estas difíciles circunstancias, la conservación de la paz social y de la estabilidad reclama del propio gobierno y de todas sus dependencias, hoy más que nunca, tener la sensibilidad a flor de piel, atender con prontitud y resolver toda petición y todo reclamo que esté en sus funciones y al alcance de sus posibilidades. Hay suficiente materia inflamable en el país para agregar más, motivada por la insensibilidad o la torpeza de los funcionarios públicos.
Antes bien, pareciera que los funcionarios del más alto nivel han recibido instrucciones exactamente en sentido contrario: el endurecimiento, la negativa sistemática a toda petición, la sordera y la indiferencia total a los reclamos ciudadanos parece ser la constante en las dependencias. Así ocurre en la Secretaría de Desarrollo Social, en la cual su titular, Ernesto Cordero Arroyo se niega a atender las solicitudes -que llevan ya más de dos años de gestionarse en las delegaciones estatales- de campesinos y colonos que sobreviven “de milagro, como la lotería” y que solo reclaman ser incorporados a los programas de combate a la pobreza que maneja la dependencia tales como Tu Casa, Seguro Popular y Oportunidades, entre otros.
Diecisiete mil de ellos se manifestaron el pasado 22 de septiembre, durante la comparecencia de Cordero Arroyo en la Cámara de Diputados Federal, recordando sus viejas peticiones. Hasta hoy solo han recibido la callada por respuesta.
Se preparan para manifestarse en el mismo lugar, ahora en número superior a 30,000, el próximo 27 de octubre. Es posible que la respuesta sea la misma y se haga necesaria una tercera manifestación, o quizás más, resultado de esa falta de oficio y de sensibilidad que prevalece en el gobierno federal, en donde hay quienes piensan que en estas condiciones de sacrificio económico de las grandes masas trabajadoras, el endurecimiento del gobierno, la inflexibilidad, el “castigo” de los peticionarios insumisos recurriendo a la “inteligentísima” decisión de no resolver sus demandas, es la mejor manera de prevenir que cunda el mal ejemplo y conservar, por tanto, la paz social, aunque sea la paz porfiriana.
Bien harían nuestros gobernantes en estudiar la historia de los movimientos sociales del mundo. La revolución rusa de 1905, por ejemplo. Así se darían cuenta que cuando la profunda insatisfacción de los trabajadores empobrecidos se manifiesta, más vale que esto ocurra por los canales legales establecidos por el sistema, porque esos trabajadores conserven aún esperanzas de encontrar remedio o alivio, aunque sea parcial, a sus males en el sistema imperante y en sus gobernantes. Cuando estas esperanzas se cancelen definitivamente, nadie sabe lo que sobrevendrá.
