En múltiples ocasiones se han mencionado los problemas que enfrenta el ciudadano común, en las grandes ciudades, llámese Monterrey, Distrito Federal, Guadalajara y Puebla: la falta de empleo, de educación, de salud, de seguridad y de recreo; aunado todo esto a la falta de vivienda (como puede observarse en los cinturones de miseria de la capital de Puebla) y a los asentamientos que van apareciendo, sobre todo en las orillas de la ciudad.
Lo curioso es que cuando surgen los asentamientos, quienes se ponen a la cabeza, algunos líderes, en lugar de adoptar una actitud responsable, con verdadero y profundo sentido social para conducir a las masas a buen puerto y transformar su entorno social, se pierden y terminan corrompiéndose, volviéndose verdaderos pillos, sin importarles que así traicionen la buena fe de la gente y atentando contra su escasa y raquítica economía familiar, llegando incluso a vender un lote hasta por tres ocasiones a diferentes personas; lo que aparte de convertirse en robo, fraude, engaño y abuso de confianza (y todo lo que se pueda agregar a estas prácticas deshonestas), puede ocasionar enfrentamientos entre los presuntos propietarios, que en muchas ocasiones son tres o más.
Así sucede en el sur de la ciudad de Puebla, con los terrenos que ha estado vendiendo Rosendo Carmona Martínez, a quien las autoridades (tanto municipales como estatales), de manera velada, han estado apoyando, mediante la omisión de las reiteradas denuncias públicas, o simple y sencillamente, haciendo como que no ven, durmiéndose en sus laureles.
Prueba de esto es la actitud del licenciado Francisco Lezama, asesor de la Subsecretaría Jurídica del gobierno del estado, quien, a estas alturas, no puede fingir demencia, dado que se le ha proporcionado la lista (acompañada de recibos expedidos por Rosendo Carmona Martínez), respecto a la compraventa, hasta por 3 veces, de un mismo lote. Resulta que en lugar de actuar legalmente para frenar la actividad delincuencial de este “representante de colonos”, se ha dedicado a poner una serie de trabas burocráticas, tendientes a evitar el castigo que merecen este tipo de personajes, así como de falsos dueños, que se ostentan con documentos apócrifos de dudosa procedencia.
Una cosa debe quedar bien clara: el grupo de colonos que han decidido organizarse de manera independiente lo han hecho para conducirse con rectitud y honorabilidad, y sólo para defenderse de cualquier acto de amedrentamiento y pillería que provenga de estos hampones disfrazados de luchadores sociales, así como de cualquier embestida de las autoridades -llámese municipal o estatal-. Tal como pretendieron hacer, ya en alguna ocasión, con la colonia Tlacaélel, del municipio de Santa Clara Ocoyucan, donde se utilizó toda la fuerza del Estado, para pretender despojar abusivamente a humildes colonos; hacerlo en momentos tan difíciles, donde se agudiza la crisis nacional, sería un error fatal. Que conste.
