Diferentes sectores de la sociedad creímos que, al arribar al poder nuestra primera presidenta municipal, Blanca Alcalá, los asuntos del municipio se tratarían con más sensibilidad, con más eficacia, pero, sobre todo, con la esperanza de que no se cometieran atropellos y arbitrariedades. Con profunda tristeza, nos damos cuenta de que no ha sido lo que se esperaba.
Prueba de ello fue lo ocurrido el pasado 26 de febrero, día en que integrantes de Grúas “La Unión” se disponían a realizar una marcha, con destino a la sede del poder Ejecutivo estatal y, así, pedir la intervención del gobierno para que cese el hostigamiento por parte de la Policía Federal Preventiva (que pide entre diez mil y veinte mil pesos a los gruyeros), en la región de Amozoc.
Ese día, decía yo, en lugar de permitir la libre manifestación -tal y como lo contempla la Carta Magna, en su apartado de garantías-, una pareja de oficiales de la Policía Municipal de Puebla, pretextando que acudían al llamado de un particular, con sus armas arremetieron contra los manifestantes; seguramente pensando que la marcha iba dirigida a su jefe, el secretario de Seguridad Pública municipal (popular entre la tropa, por su despotismo y soberbia, además de su desagrado por las manifestaciones, sobre todo si éstas son en contra suya); esta vez los informantes del funcionario se equivocaron, de cabo a rabo, pues la manifestación no estaba dedicada ni a su jefa ni a él.
Lo curioso del caso es que el famoso particular no fue captado por ninguno de los medios de comunicación ahí presentes, y menos se presentó ante el Ministerio Público a levantar denuncia alguna contra sus “agresores”; en cambio, el par de policías gritaron, vía radio, para -según ellos- pedir refuerzos. Y los refuerzos fueron más de 200 elementos policíacos, que, en minutos, llegaron al “lugar de los hechos”.
A los distinguidos Humberto Rivera García e Ignacio Arenas, director y subdirector de esta corporación, respectivamente (personas que nunca están presentes en este tipo de acciones), podemos demostrar -a través de los videos y las fotografías que diversos reporteros tomaron, y que también los agredidos poseen y que se le han entregado a diferentes autoridades- escenas verdaderamente escalofriantes, donde más de una decena de elementos aporrean a un sólo individuo, además de robarse -de la forma más ruin y descarada- sus objetos de trabajo (como radios Nextel y teléfonos celulares).
Todo ello, para culminar con la injusta e ilegal detención de siete de nuestros compañeros; dos de ellos permanecieron hospitalizados hasta por dos días, debido a las graves lesiones internas que los uniformados les causaron, incluso al propio coordinador de la manifestación, José Horacio Cerón. ¿Esta es la policía de primer mundo en la que se gastó tantos millones de pesos nuestra autoridad municipal (según lo anuncia en los espectaculares que rentó y que ha colocado en diversos sitios de la ciudad)? Policía que, aparte de violar -de manera salvaje y bárbara- los derechos humanos, viola también el derecho de la organización y la libre manifestación pública. ¿Serán esos los frutos de los cursos a los que los manda y que tanto presume nuestra primera presidenta municipal?
¿Qué intereses oscuros lesiona nuestra agrupación?, ¿quién fue el que montó todo este teatro para agredir a Grúas La Unión y tratar de exponernos al escarnio público, además de pretender inventar delitos, en un acto vergonzoso y bochornoso, como hace el panismo en Querétaro en contra de antorchistas?
Por esta vía, hacemos del conocimiento de la opinión pública y de la autoridad municipal, que no estamos de acuerdo con la actitud pasiva y complaciente de esta última, ante hechos profundamente reprobables y condenables, que avergüenzan a todos los poblanos y a los gobiernos emanados del PRI en particular. Exigimos que se haga justicia y se destituya a Humberto Rivera García, pues resulta un peligro para los poblanos y una afrenta para quien encabeza el actual gobierno municipal.
Es por eso que, aparte de devolver o pagar lo que se robó el aparato represor, pedimos absoluto respeto a la libre manifestación, por parte de quien verdaderamente maneja las fuerzas policíacas; dado que lo sucedido no puede quedar en la absoluta impunidad, aunque para esto tengamos que exhibir las escenas en el zócalo de la ciudad de México y frente a la sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como frente a las embajadas de otros países en México. Esto no puede volver a suceder en nuestra ciudad.
