Me permito llamar su atención, estimado lector, sobre una injusticia atroz que tiene ya 2 meses de cometida (para vergüenza de las instituciones y el Estado de Derecho en que vivimos), acción que desnuda el trato de las autoridades a los problemas sociales, y sigue esperando acciones de justicia.
Se trata del problema que atraviesan 78 familias indígenas mixtecos (na’savi) y amuzgos de Ometepec, quienes fueron desalojados violentamente del predio en que estaban asentados, el 11 de septiembre pasado, por un grupo de individuos armados con machetes y armas de grueso calibre, comandados por Bulmaro Morales Ruiz, Alberto Mendoza Aguirre y Juan Antonio Sandoval Ramírez, y apoyados diligentemente por la Policía Investigadora Municipal de Ometepec. Es necesario señalar que dicho desalojo no contaba con orden judicial alguna, fue realizado con toda premeditación, alevosía y ventaja, utilizando para ello maquinaria pesada, derribando y quemando las humildes casas, incluidas las pocas pertenencias de los precaristas. De todo ello no sólo hay testigos, sino también una grabación que expone tan abusiva acción.
Desde el primer momento de los hechos, se dio parte a las autoridades confiando en una intervención inmediata que amparara a los afectados. El presidente municipal perredista de Ometepec, Efrén Adame Montalbán, les dio la espalda a sus electores; la Procuraduría de Justicia estatal tenía olvidada la denuncia de hechos, la Secretaría General de Gobierno en puras “mesas de diálogo” se la ha llevado, y el señor gobernador no se ha dado por enterado, pues “ni nos ve, ni nos oye”.
En honor a la verdad, he de decir que el predio motivo del desalojo perteneció a la empresa “Lácteos Costa”, empresa que quebró desde hace años dejando abandonadas las instalaciones, mismas que se enmontaron para convertirse en guarida de malvivientes. El 18 de febrero último, un grupo de 78 familias indígenas, muchas de ellas jornaleras agrícolas migrantes, decidieron, previo planteamiento a las autoridades, tomar posesión del predio para convertir el área construida en Casa de Jornaleros Migrantes, pues en Ometepec no existe un espacio seguro donde puedan los jornaleros descansar, asearse y esperar para abordar los autobuses que los conduzcan a los campos agrícolas del norte; quien conozca la situación sabe perfectamente que todos estos trabajadores llegan, pernoctan y esperan “pacientemente” en la calle, debajo de los árboles o debajo de un cartón, al lado de lo que se conoce como campo aéreo. El resto del predio se repartió en pequeños lotes para el asentamiento de las familias.
Pues bien, hasta el 11 de febrero (8 meses después de la posesión pública, continua y pacífica del grupo) nadie había reclamado ser dueño del predio; es más, hasta el momento en que escribo estas líneas, no existe tal certeza jurídica, pues el supuesto dueño, Bulmaro Morales Ruiz, no ha comparecido ante ninguna instancia para demostrarlo, por tanto debiera restituirse a los desalojados y dejar las cosas como estaban hasta antes de la acción ilegal, como dice la ley.
Ante el poco interés para impartir justicia por parte de las autoridades, puesto que desde el 11 de septiembre las familias desalojadas viven en la calle debajo de una lona, decidieron los afectados instalarse en plantón a las puertas del palacio de gobierno, demandando justicia ante el atropello y hoy, 18 de noviembre, se cumple ya más de un mes sin que la atención se traduzca en acciones concretas. La Secretaría General de Gobierno le hace al loco; que no localiza, que no puede hablar y tampoco puede obligar al presidente perredista de Ometepec para que comparezca. La PGJE apenas (con el nuevo encargado) activó la denuncia de hechos, que fácilmente puede caer en archivo muerto si se descuida. A la Secretaría de Asuntos Indígenas le hace falta mayor energía para defender a sus “hermanos”.
El presidente perredista, Efrén Adame Montalbán, resulta lo más ilustrativo del proceder gubernamental. Después de que no les hizo caso a los desalojados y tampoco los ha visitado en su campamento para ayudarlos, ahora dice que son de otros municipios y por tanto que él no tiene la obligación de resolverles (¿ya se le olvidó que los fue a ver para que votaran para su triunfo y entonces sí eran de Ometepec?); dice que muchos de ellos ya tienen casa en otros lugares, pero nada de esto se ha demostrado, entonces, no se puede rechazar apriorísticamente. Pide que se llame también a otros presidentes municipales para que le pongan de su presupuesto y se resuelva el problema, ¿no es esto un burdo pretexto? El tiempo pasa sin que se vea la solución por ningún lado.
Antorcha reivindica una vez más el derecho de los pobres a ser escuchados y atendidos, demandando que el Estado de Derecho se haga efectivo también a favor de los humildes, no sólo de los poderosos. Seguiremos luchando contra la insensibilidad, el burocratismo y los embustes hasta lograr que con los indígenas y trabajadores en general se haga justicia para que mejoren sus condiciones de vida. Es una lucha difícil y riesgosa, pero confiamos que el pueblo se dé cuenta para que apoye la consecución de esta causa.
