Diariamente se dice a la opinión pública, por todos los medios posibles y por distintos agentes, que vivimos en “un país de libertades, transparente, democrático, que camina rumbo a la modernidad”, sin embargo, hay aspectos de la vida social que mucho preocupan a todos, como lo es la precaria situación económica, educativa o de salud existente, la violencia desatada de todo tipo, la procuración de justicia, vaya, hasta el mediocre desempeño de nuestros deportistas. Y todo indica que poco a poco se va conformando una opinión, cada vez más evidente, de que para resolver los grandes males del país, se requieren grandes cambios en la estructura política, económica, administrativa y de justicia que impera en México. O sea, lo que México necesita es, como lo dicen ya voces importantes, un cambio de sistema, pero no de uno corrupto y violento a otro peor; no, sino a un sistema que concite la voluntad de las amplias mayorías de los mexicanos para corregir los males. La existencia de presos políticos en nuestro país, en estos tiempos de “libertad y democracia”, hace evidente la conclusión anterior.
El Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinolan, asienta en escrito publicado, que el 10 de febrero último, México fue evaluado por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Recibió 91 recomendaciones en torno a prácticas de tortura, investigación de delitos cometidos por elementos del ejército y corporaciones policíacas, combate a la impunidad, que se armonice la legislación nacional con los acuerdos y tratados internacionales suscritos por México, el sistema de arraigo, la existencia de presos de conciencia. “En Guerrero –dice el escrito-, a cuatro años de gobierno perredista constatamos un retroceso en el respeto a los derechos humanos y la vigencia de la legalidad… El caso de Felipe Arriaga, declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional (AI); el del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa la Parota (CECOP); la represión al Comité de Solidaridad para la defensa de las tierras del Ejido Carrizalillo; el desalojo del Concejo Ciudadano de Chilapa; la persecución contra la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) y la detención de cinco de sus miembros, declarados también presos de conciencia por AI, sintetiza un estilo de gobierno autoritario, engreído y demagógico.” Así estamos en Guerrero, ¿y en Querétaro?

Como usted recordará, amable lector, desde el pasado 29 de septiembre se encuentran detenidos en el penal de San José el Alto, en la capital queretana, 14 campesinos de La Piedad, municipio del Marqués, simplemente porque junto con su comunidad, decidieron recuperar el pozo de agua construido con su trabajo y dinero, usufructuado durante los últimos diez años por un sujeto apellidado Hernández Barrón -cuñado del actual Secretario de Gobierno de esa entidad, Alfredo Botello Montes-, y exigir cuentas. Para escarmentar a los inconformes, el gobierno panista de Francisco Garrido Patrón, ordenó el desalojo policíaco acusando de delitos graves a los detenidos; y para colmo quiere quitarles el pozo de agua pasándolo al Sistema Estatal de Agua y Saneamiento (SEAS). Todo esto motivó la inconformidad y repudio del antorchismo nacional traducido en varias movilizaciones y el plantón ante la Secretaría de Gobernación (Segob) en el D F.

La represión aumentó, pues el 21 de diciembre se detuvo a la Lic. Yesenia Valdez Flores, defensora de los presos, acusándola el gobierno queretano de los mismos cargos que a sus defendidos. Después de una difícil lucha de defensa librada por el Movimiento Antorchista, la Segob aceptó intervenir en el caso (no sin antes haber utilizado todos sus recursos para ignorar, castigar y deformar la protesta), procediendo a un estudio legal riguroso de los casos, llegando a la conclusión de que, efectivamente, no había tales delitos, y por tanto, debían salir libres los 15 presos políticos en los primeros días de febrero; naturalmente cubriendo el procedimiento legal correspondiente. Para resolver en definitiva el problema, el gobierno panista de Querétaro, se comprometía a no entorpecer dicho procedimiento  legal.

Mas como el problema es político, el Poder Ejecutivo de Querétaro utiliza al Poder Judicial para continuar la persecución en contra de los militantes de Antorcha Campesina, utilizando al Juez Octavo de Primera Instancia, José Antonio Ortega Cerbón, para instrumentar todo tipo de maniobras “legales” y llevar a cabo la represión en contra de los opositores a la política ultraderechista del gobierno panista; así trata de evitar que recuperen su libertad los 15 presos políticos. El 13 de febrero, Ortega Cerbón interpuso otro recurso de revisión en contra de los amparos que el Juez Tercero de Distrito otorgó a los detenidos. Días antes, el Tribunal Colegiado de Circuito había ya desechado un recurso de revisión, toda vez que la tesis jurisprudencial No. 22/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que son totalmente improcedentes los recurso de revisión interpuestos en contra de los amparos, toda vez que la autoridad responsable carece de la legitimación para presentarlo. Los amparos concedidos, son por considerar que no había suficientes elementos para dictar auto de formal prisión y “que el Lic. José Antonio Ortega Cerbón hizo uso indebido de las reglas de valoración y transgrede en perjuicio de los quejosos las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos. 16 y 19 de la Constitución, por lo que debe dejar insubsistente dicha resolución y dictar un nuevo auto de término constitucional en el que estime que no está acreditado el cuerpo del delito y tampoco la responsabilidad de los quejosos”.

Esa actitud servil del Juez Ortega Cerbón hacia el Poder Ejecutivo, se puso de manifiesto en el tratamiento que dio a los casos de Pánfilo Reséndiz de Santiago, militante antorchista, a quien mantuvo en la cárcel por espacio de dos años, a pesar de que la Justicia federal le otorgó cuatro amparos, y en el de la Profa. Cristina Rosas Illescas, líder antorchista, también encarcelada por casi 3 años pese a que la Justicia Federal le obsequió seis amparos. Así las cosas, el Movimiento Antorchista ha dado un plazo de 72 horas para que concluya el circo “legal” y se deje en libertad a los 15 presos políticos, de otra manera reiniciará su lucha política de autodefensa. Lo invitamos amigo lector a estar pendiente.