Así podemos calificar el capítulo de injusticia escandalosa que mantiene en plantón desde hace nueve días, a las puertas del palacio de gobierno en Chilpancingo, a un grupo representativo de las 64 familias mixtecas afectadas con la construcción de la carretera Metlatónoc-Tlacoachistlahuaca, afectaciones que ninguna autoridad quiere reconocer, tirándose la bolita.
Los hechos iniciaron en febrero último, cuando se dio a conocer que arrancaría la construcción de la carretera; sin una información suficiente y menos concertada con los ciudadanos, se dio el aviso por parte del Presidente Municipal, Roberto Guevara Maldonado, de que los trabajos iniciarían: “es una orden federal y hay que sacar de casas y solares lo que les sirva, porque las máquinas ya vienen”. Acto seguido, iniciaron los cortes y la destrucción del patrimonio. Quienes estaban presentes, algo pudieron rescatar; sin embargo, varias familias de jornaleros migrantes a los campos agrícolas del norte del país, ni siquiera se enteraron al momento.
Pasado el primer instante de desolación, algunos afectados organizados en Antorcha Campesina empezaron a reaccionar, reagrupándose con sus hermanos en desgracia, para defender sus bienes. Tal situación se puso en conocimiento de la Secretaría General de Gobierno, desde el 18 de marzo, a través de la oficina para atención a Organizaciones Sociales, para su intervención. Pasaron las semanas, y al ver que nada se hacía, los afectados tomaron la iniciativa de acudir a las instancias directamente relacionadas con el caso. La constructora dijo que a ella le entregaron proyecto y recursos para hacer obra, y la contrató la SCT; ésta dependencia dijo que ella sólo es ejecutora y supervisora de obra, quien dio los recursos y autorizaciones fue la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI); a su vez, CDI señaló que puso el dinero, pero éste sólo aterriza en una obra, mediante convenio con el gobierno estatal, a través del Comité de Planeación y Desarrollo de Guerrero (Copladeg), quien recaba firmas y permisos; Copladeg regresa la responsabilidad a la CDI. Total, ninguno se hace responsable de daños y perjuicios ocasionados, queriendo ahogar la inconformidad de los afectados en esa maraña de trámites.
Finalmente, gracias a la persistencia, se logró concertar una reunión entre las dependencias involucradas, para deslindar responsabilidades, resultando que todas tenían que ver en el enjuague, ofreciendo otras reuniones para atender el problema. A esas otras reuniones no llegaban todos, o enviaban representantes, pero se acordó una comisión verificadora, cuyos resultados estarían valorados el viernes 8 de mayo, para bosquejar posibles soluciones, mismas que se acordarían en reunión el martes 12, a las 12 del día. ¿Qué hubo? Acertó amigo lector, nada, ni la reunión, pues el que la coordinaría, Alfonso Becerril Zarco, de Copladeg, desapareció literalmente de sus oficinas. Ante la burla, los afectados decidieron instalarse en plantón hasta ser atendidos.
Estamos pues, ante una situación condenable, de injusticia social atroz: a un grupo de familias campesinas mixtecas se les destruye parcial o totalmente su vivienda, su parcela, y al buscar a los responsables, sólo encuentra evasivas y la burla a su necesidad. No está por demás señalar que, al perder su casa, las familias han tenido que irse a vivir arrimados, pedir prestada casa, o bien habilitar alguna casucha, que en tiempos de influenza, allá en La Montaña, nada importa a las autoridades, eso es para las declaraciones y la foto. ¿Hay que crear un bien público a costa de sacrificar impunemente a humildes mexicanos? Esto parece de locos.
Ante tal situación, se pidió hablar con el gobernador, pero “anda muy ocupado”. Se turnó el caso a la Secretaría General de Gobierno, y ahí, a alguien se le ocurrió la “brillante” idea de decirle a los quejosos, que regresaran a su pueblo, que el 27 irían a hacer una asamblea general para ver cómo se resolvía el problema. ¡Hágame usted el fabrón cavor! ¿Es que no se sabe en que acaban asambleas generales con distintos intereses, roces personales, y partidarismo político? Pero la “genialidad” está calculada: hay que crear una situación local para evadir la responsabilidad legal; por eso rechazamos la propuesta. Y nuestras sospechas se vienen confirmando. Le dieron la orden al presidente de Metlatónoc de llamar a una reunión para discutir el problema y, naturalmente que los presentes se pusieron en contra de los quejosos “por revoltosos, porque están en contra del camino, porque son manipulados por Antorcha Campesina, y le están gritando al gobernador”. No hay que olvidar que son perredistas los que gobiernan allá y los que están en palacio aquí.
Antes de escribir estas líneas, en la Secretaría de Gobierno nos han dado una “magnífica” nueva: el señor Secretario ha tomado en sus manos el problema y va a resolverlo; ¿cuándo? ¡Oh sorpresa!, No hay plazo y tampoco propuesta. Resistiremos en la protesta boteando, gritando, difundiendo, solicitando la solidaridad ciudadana, aunque ello genere la crítica de tinterillos como Marcelo Villanueva, para desprestigiar a nuestra organización, el asunto lo vale. Sólo esperamos que la gente haga conciencia, y el señor gobernador intervenga para resarcir la injusticia. Antorcha no traicionará a las humildes víctimas.
