Este país de grandes contrastes naturales, lo es también de muy marcados contrastes sociales. Tanto, que mucho ha repetido la clase política que el norte y el sur son muy distantes no en longitud, sino en condiciones socioeconómicas. La situación no es reciente, pero en los tiempos actuales, la dinámica económica que relaciona a los hombres y a los pueblos tiende a agudizar más este contraste.
El sistema económico y social que impera en México se basa en la apropiación del trabajo ajeno y la concentración de los medios de producción y de vida en unas cuantas manos. Históricamente, la apropiación de las mejores tierras de cultivo, de las exuberantes reservas forestales se lo adjudicó un minúsculo grupo social minúsculo mediante el despojo y el sometimiento de la gran mayoría. El ulterior desarrollo de las ciudades también se gestó bajo este mismo esquema y las grandes innovaciones técnicas y científicas fueron aprovechadas por aquel reducido estrato social para acrecentar su poderío sobre las masas de trabajadores de las grandes factorías y consorcios, propiedad de los barones del capital.
Sobre estos cimientos económicos y sociales se ha desarrollado la sociedad mexicana, y los contrastes citados se reproducen en cualquier latitud. Se ha llegado a una situación en que tres cuartas partes de la población nacional están incluidas en el estrato de los que tienen que vender su fuerza de trabajo o su talento intelectual para apenas malvivir. Con el tiempo se ha incrementado el número de mexicanos cuya pobreza es lacerante, extrema.
Teóricamente, el gobierno mexicano tiene la responsabilidad de procurar mejorar las condiciones de vida de la población sin distinción de partido, etnia, credo o región. Constitucionalmente, debe crear empleos suficientes para la Población Económicamente Activa (PEA), que los salarios garanticen un nivel de consumo y ahorro necesarios para dignificar la existencia humana, y que el gasto social del gobierno esté acorde con las necesidades de la población, para impulsar un desarrollo social en el que nadie viva marginado de los beneficios de la riqueza producida entre todos.
Sin embargo, ante tan terribles contrastes entre el sector más rico y el más pobre de la población, los que detentan el poder público permanecen impasibles y así han transcurrido casi 90 años desde la última conflagración nacional que reclamó justicia y mejores condiciones de vida. Esa indiferencia e insensibilidad, acompañadas muchas veces de arrogancia, han llevado al país a reclamos sistemáticos de que se atienda el hambre y la miseria que padece el pueblo y ya se presiente una exacerbación de los ánimos, que podría llegar a extremos violentos en caso de continuar la misma política de ignorar al pobre que toca las puertas de lujosas oficinas de secretarios de Estado, Gobernadores, presidentes municipales o diputados. No han sido pocas las veces en que los pobres movilizados han sido dispersados o detenidos por la policía muchos metros antes de llegar a la meta, a la oficina del funcionario principal, incluido el Presidente de la República, para que escuche sus peticiones y gire instrucciones a sus subalternos y resuelva la problemática social planteada con antelación y a veces reconocidas por las mismas autoridades ante los medios de comunicación, en protagonismos mediático.
En estos días, representaciones de campesinos y colonos antorchistas de 13 estados de la República están plantados frente a la Secretaría de Desarrollo Social que preside Ernesto Cordero, exigiendo ser incluidos en alguno de los programas federales como Hábitat, Tu Casa, 70 y más, Oportunidades, Seguro Popular, entre otros.
Para no extrapolar ejemplos de los estados más lejanos del occidente, del norte o del sureste, pondré como ejemplo la desatención de las necesidades y carencias de los campesinos del Valle de Toluca en el Estado de México. Municipios como San José del Rincón, Villa Victoria, Temascalcingo, Acambay, Sultepec, no han recibido una sola acción de apoyo de los programas Hábitat y Tu Casa, a pesar de estar catalogados por la misma Sedesol como los municipios de más alto índice de marginación rural. En el caso de municipios urbanos como Chimalhuacán que se ubica a 20 kilómetros de la capital de la República, sólo tiene 280 acciones del programa Tu casa cuando la demanda es de 25 mil familias; la misma situación prevalece para el municipio de Ixtapaluca que requiere de 15 mil acciones de vivienda y sólo se han aplicado 81 acciones para igual número de familias; en Chalco y Valle de Chalco ni una sola acción de vivienda ha sido entregada. Estos datos son de la misma Sedesol (se pueden consultar en su página de internet), por lo que es más que justificado el plantón de los campesinos y colonos antorchistas.
Pero al gobierno federal y sus funcionarios parece que no les importan los problemas de los humildes y se ocupan más en secuelas sociales que ellos mismos han magnificado para ganar la simpatía de la gente a favor de su gobierno, como lo es “la lucha contra la delincuencia organizada”. Ya mucho se ha afirmado que la creciente violencia en el país no es más que la expresión de ese gran contraste que subyace en el modo de producción que genera ya una gran inconformidad entre las clases empobrecidas, inconformidad que aumenta ante la indiferencia de funcionarios públicos de todos los niveles. Éste es un riesgo que podrían eliminar quienes tienen la solución en sus manos.
