El origen del Estado como “garante de la paz social” fue producto del desarrollo histórico de la sociedad humana. Es decir, no siempre existió desde la génesis de la humanidad sino que se fue gestando conforme se requirió una fuerza terrenal que contrarrestara los desafíos de los hombres (o la incredulidad) a los dioses y sus designios sobre los hombres. Ese garante de la paz social se configuró no sólo para guardar el orden y la armonía en la convivencia de los hombres, el respeto entre ellos, sino para garantizar el respeto, mediante el reconocimiento obligado, hacia los que en un acto de abuso (de inteligencia o de fuerza, o ambas a la vez) se apropiaron de los medios de subsistencia común y despojaron a su gen de los medios de trabajo, que también eran comunes, de todos. En otras palabras, el Estado surge paralelamente con la apropiación (por fuerza) de lo que era de todos por unos cuantos. Y para que los despojados les reconocieran su nueva condición ya no bastaban las supersticiones ni el castigo de algún Dios sino que fue necesario todo un aparato de coerción, normas y leyes de convivencia dictados por los despojadores.
Desde aquellos tiempos inmemoriales, la mayoría de la gente ha padecido los designios de unos cuantos que, mediante el despojo, iniciaron la acumulación de riqueza, producto de la explotación del trabajo social. Y desde entonces, los abusos y atropellos cometidos contra algún miembro de la sociedad se han tenido que dirimir ante tribunales establecidos por y al servicio de los poderosos. Y casi nunca se conoció la justicia mediante esa vía pues casi siempre había de por medio intereses de los poderosos. Por eso, los oprimidos tuvieron que rebelarse a su condición en algunas ocasiones que ha conocido la humanidad en sus distintas etapas de desarrollo, planteando una sociedad organizada de mejor manera donde prevalezca el orden, la justicia y el respeto pleno a los derechos de todos y en donde la distancia entre la opulencia y la indigencia no fuera ofensiva para los grupos sociales. Se distingue en la Historia que los anhelos de justicia y equidad también surgieron de la contradicción entre los dos principales grupos sociales en que se dividió la humanidad: amos y esclavos, señores y siervos, burgueses y proletarios. Esta causa la han enarbolado siempre los oprimidos y sus cerebros y corazones más conspicuos.
Las escasas garantías de que goza el vulgo en la actual sociedad fueron conquistadas con ríos de sangre, en conflagraciones que fueron verdaderos asaltos al cielo y todavía hay gobernantes trasnochados que ignoran y satanizan a los que reclaman la aplicación irrestricta de esos derechos que, además, no son superfluos sino de elemental condición para la vida humana: agua potable, vivienda, empleo, alimentación, educación y salud. Y en esta actitud no hay distinción entre los partidos gobernantes, así sea de la alcaldía más irrelevante o de la misma Presidencia de la República. Los gobernantes sirven a los intereses de los poderosos y aplican las leyes en defensa de la propiedad de los poderosos en detrimento de las garantías de la masa trabajadora. Pero esta realidad no puede prolongarse asintóticamente por más refinadas que sean las formas y teorías de consolación y sojuzgamiento del sistema económico y político dominante, porque el obrero resiente en el estómago su inhumana condición y otra vez, como antaño, se prepara a luchar por su emancipación.
¿Acaso es posible seguir demandando los derechos más elementales y soportar las represiones y los encarcelamientos bajo el argumento de la aplicación de la ley para preservar la paz social y el respeto a los derechos de terceros? Cuando el pueblo bloquea a su paso avenidas y plazas públicas en demanda de sus derechos es calificado con los epítetos más prosaicos por quienes tienen la misión de salvaguardar los intereses de sus patrones. Contra las organizaciones sociales se ha aplicado la ley del “destierro, encierro y entierro”.
Para evitar baños de sangre y nuevas conflagraciones de dimensiones insospechadas, los líderes sociales responsables de su misión histórica han conducido la lucha de las masas trabajadoras en el marco del Estado de derecho que nos rigen, mediante la cual es posible lograr una mejoría significativa de las condiciones de vida de la mayoría, si del lado de los que deciden existiera sensibilidad y respeto a los derechos de todos. Pero esas luchas legales se han convertido en un acto de acusar a Poncio de las tropelías de Pilatos. Nos acusamos, pues, de los abusos de la policía ante los jefes policíacos que ordenan tales abusos; nos amparamos a los veredictos de los jueces que legalizan las represiones; demandamos soluciones a los gobernantes mismos que olvidan su promesa y la convierte en burla. En fin, nos quejamos ante los mismos que nos agreden y nos tienen sumidos en la miseria, en la ignorancia, en la insalubridad y en la explotación.
De continuar tales condiciones es posible que el río de explotados asalte de nuevo el cielo y entonces no habrá gendarme, tribunal o Dios que se le oponga.
