Desde hace tres años, 50 mil familias de las más pobres de nuestro país –organizadas en el Movimiento Antorchista Nacional–, han llevado a cabo gestiones en las delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en 15 estados de la República Mexicana para ser incluidos en el padrón de beneficiarios de alguno de los programas de “combate a la pobreza”. Durante todo este tiempo, los antorchistas hemos tratado de convencer a los funcionarios correspondientes de la urgente atención de las demandas de los peticionarios, que no son otra cosa que beneficios que la misma dependencia ofrece en sus programas: vivienda, mejoramiento de la vivienda, opciones productivas, mejoramiento del entorno de la comunidad, apoyo a personas de la tercera edad, ampliación de la cobertura de Oportunidades y Seguro Popular, obras de infraestructura vial, servicio de agua potable, drenaje sanitario, electricidad y centros de salud.
Diversas entrevistas han sido infructuosas porque la dependencia federal, a través de sus delegaciones, ha esgrimido subterfugios inverosímiles como que los peticionarios no cumplen con la normatividad, que algunas comunidades no están consideradas como áreas de pobreza, que los recursos fueron asignados con anterioridad, que las peticiones fueron extemporáneas o que el presupuesto se terminó, etcétera.
La angustia y desesperación de los pobres sólo puede contenerse mediante el conocimiento de los fenómenos que padece; sólo este conocimiento evita caminos equivocados como la violencia en las protestas. Por eso el Movimiento Antorchista ha procurado explicar pacientemente a los pobres que la alternativa para solucionar los problemas sociales es la organización, la lucha pacífica sin caer en provocaciones. Y eso es precisamente lo que la gente humilde realiza en todas las delegaciones estatales de la Sedesol; pero los gobernantes y los funcionarios no deberían abusar de la paciencia de la gente porque con tal conciencia de sus circunstancias, los pobres pueden potenciar su inconformidad y demandar un cambio radical de su condición.
Los casos más álgidos de esta lucha nacional contra la pobreza se ubican en dos estados: Campeche y Zacatecas. En el primero, 300 personas de la tercera edad llevan dos años plantados frente a la Sedesol y ni el anterior ni el actual delegado ha querido resolver sus justas demandas de ser beneficiarios del programa 70 y más, opciones productivas y vivienda; antes bien, los funcionarios panistas, la afrenta a los pobres añaden la estulticia panista: nada para los antorchistas. En el segundo, no sólo no se les resuelve sino que, echando mano del presupuesto, el delegado ha pagado una campaña mediática contra los manifestantes, desconociendo sus derechos constitucionales de libre asociación, protesta pública y a los programas de gobierno. Pero ante la tozudez del funcionario, el pueblo en lucha aprende la lección de que esa forma de gobierno no es la que conviene a la gran mayoría de este país.
La lucha seguirá y subirá de tono en tanto los delegados y el gobierno federal no depongan su posición insensible y beligerante. En Colima, Jalisco, Nayarit, Aguascalientes, Zacatecas, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Distrito Federal, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, urge la solución. La vía no es ignorar los reclamos populares porque eso sería echarle fuego al polvorín social en el que está parado el gobierno. Las marchas, los plantones y los mítines seguirán porque los funcionarios y la clase gobernante cancelan de facto los derechos de los pobres; y serán ellos los responsables del rumbo que torne la lucha social por mejores condiciones de vida. Al final de cuentas, el pobre no tiene nada que perder más que su miserable condición.
Pronto arribará a la capital del país un numeroso contingente de campesinos, colonos, amas de casa, estudiantes y obreros para marchar sobre las principales avenidas que conducen hacia la sede de la Secretaría de Desarrollo Federal, de la Secretaría de Gobernación y de la residencia oficial del Presidente de la República, si en este mes de diciembre se les ignora a la hora de asignar los recursos para cada peticionario de los beneficios de los programas federales. Espero que la razón ilumine por fin a los gobernantes de este atormentado México.
