El próximo 3 de febrero del año en curso, el Movimiento Antorchista de Nuevo León realizará una manifestación pública y pacífica por las principales calles de la Ciudad de Monterrey, la cual desembocará frente al Palacio Estatal de Gobierno. En ésta, se demandará la decidida intervención del Gobernador del estado, Rodrigo Medina de la Cruz, para que se atienda a la brevedad posible una serie de necesidades de servicios básicos de colonias muy humildes del estado tales como la construcción de una subestación eléctrica para energizar la redes eléctricas que ya están construidas en varios barrios de la colonia la Alianza, construcción de un centro de salud, construcción de plazas, regularización de la tenencia de la tierra de varios asentamientos, entre otros. De manera muy especial solicitamos también una respuesta al problema de vivienda que tienen alrededor de 2 mil 500 familias de muy bajos recursos económicos en los municipios de Escobedo, Apodaca, Monterrey y Santa Catarina. A este último problema, el de la vivienda, es al que me quisiera referir en las líneas que siguen.
Las familias que solicitan vivienda encabezados por el Movimiento Antorchista son de condición muy humilde, pero han decidido salir a las calles del centro de la ciudad a manifestarse públicamente, con los inconvenientes que ello pueda acarrear a la ciudadanía regiomontana, sobre todo, en cuanto a circulación vehicular se refiere, ya que hay una total falta de atención a su apremiante demanda de lotes por parte de las autoridades estatales. Más de un año de promesas de solución, y sólo ha quedado en eso, en promesas. No se ve por parte de las autoridades estatales ni a corto, ni a mediano plazo, la menor intención seria de resolver la problemática y de cumplir a cabalidad los compromisos hechos en innumerables audiencias.
Por esta problemática, el Movimiento Antorchista ha insistido una y otra vez en innumerables audiencias públicas, y formalmente en peticiones por escrito, a las autoridades estatales sobre la urgencia de apoyar a estas familias que carecen de un terreno propio para vivir, pues el Fideicomiso Fondo Metropolitano Monterrey (Fomerrey), institución encargada de dotar de lotes a las familias que carecen de ellos, tiene ¡más de dos años! sin abrir un nuevo fraccionamiento en el Área Metropolitana de Monterrey. Sí, leyó bien, amable lector: dos años, con todos sus días, es el tiempo que han esperado pues es prácticamente imposible que una familia humilde, con sus exiguos recursos y sobre todo cuando la situación económica que priva en el país les impide hacerse de una vivienda digna.
Hay en el Área Metropolitana de Monterrey y la periferia, como parte de los enormes obstáculos para resolver el problema de vivienda, un enorme encarecimiento de la tierra para vivienda, debido principalmente a que ésta ha sido acaparada por las empresas desarrolladoras de vivienda privadas (Javer, sólo por dar un ejemplo). Y la tierra que aún no ha caído en las fauces de estas empresas y que se vende, está a precios exorbitantes, unas, incluso, se cotizan en dólares. No sólo eso, sino que, la mayoría de los propietarios de esas tierras exigen que se paguen al contado. Es un sueño guajiro pedir comprensión a este tipo de propietarios para que se apiaden de la gente humilde y consientan en vender sus propiedades en plazos.
Ante este triste panorama, las familias que integran los grupos de solicitantes de vivienda de Antorcha se han dado a la tarea de realizar dos titánicas tareas: una, buscar tierra en el área metropolitana, tarea semejante a buscar una aguja en un pajar; la segunda fue reunir con grandes sacrificios, y a costa de apretarse aún más el cinturón que está por reventarse o reventar al que lo porta, recursos para enganchar tierra, pues es importante decir que no están pidiendo que se les regale el terreno. Después de meses de trabajar, las familias ya cuentan con un fondo y han llevado a las autoridades propuestas de terrenos factibles de ser una solución. Las autoridades estatales, quienes se han comprometido a buscar alternativas de terreno, con una “lentitud” digna de un caracol, ni dan propuestas de tierra, ni dan el visto bueno a las que se les han sido llevadas por los grupos de solicitantes. Tampoco han dicho “esta boca es mía” en cuanto a buscar la manera de que las familias obtengan créditos que les permitan adquirir la tierra. Hasta la fecha, después de meses de realizar gestiones, los solicitantes de vivienda siguen en las mismas: sin contar con terreno propio donde construir un humilde hogar. Siguen hacinados con familiares o pagando altas rentas.
Sólo se está pidiendo que las autoridades atiendan un problema al que están obligados a dar respuesta. Nuestra Carta Magna, en su artículo cuarto, es muy clara al respecto: “Toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios para alcanzar este objetivo”. Amparados en este mandato constitucional, las familias solicitantes de vivienda acudirán al Palacio de Gobierno para buscar que el Gobernador del estado atienda su legítimo reclamo de contar con un lote para edificar su vivienda, y de esta manera acceder a condiciones de vida dignas.
