El pasado 11 de febrero se cumplieron 150 días del desalojo que sufrieron 78 familias mixtecas y amuzgas de Ometepec, a manos de un cacique llamado Bulmaro Morales Ruiz y sus pistoleros, que quemando sus casas y pertenencias, arrebato el terreno que poseían los indígenas migrantes.

Después de 34 días de buscar infructuosamente la “acción expedita de la ley”, el 14 de octubre pasado iniciaron un plantón a las puertas del palacio de gobierno en espera de atención de las autoridades, situación que, en esencia, no se ha dado aunque “reuniones de trabajo” y entrevistas mañosamente dosificadas no han faltado.

Incluso se habló ya con el mismo Guillermo Ramírez Ramos, secretario general de Gobierno, quien aceptando la ilegalidad del desalojo, lo objetivo del problema social y la necesidad de la acción de las autoridades, se dio un plazo para tener una respuesta de reubicación de los desalojados, el pago de los daños y el castigo a los responsables del ilícito.

Se ha vencido sobradamente ese plazo y ninguna acción concreta de justicia ha “aterrizado”; promesas, pláticas y sesudos “análisis” siguen siendo la tónica.

Por tal motivo, aprovechando la presencia del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo en Tlapa de Comonfort, se dieron cita cientos de antorchistas encabezados por el Comité Estatal y una comisión de los desalojados de Ometepec, para buscar el diálogo y la solución con la máxima autoridad del estado.

Primero nadie de los encargados del evento pelaba a los inconformes, y cuando lo hicieron, una sarta de pretextos, exigencias y limitaciones fueron usadas para desmovilizarlos.

Llegado el momento de la “atención” del señor gobernador (sobre su andar y rodeado de guaruras y oportunistas que nunca faltan), en otra demostración de su auténtica personalidad dijo: “¿me hablas del plantón que tienen en palacio de gobierno? Quítenlo primero y luego hablamos; soy hombre de diálogo pero con presión no resuelvo, no oigo, ni atiendo con presión. Quítenlo inmediatamente.” Al insistirle cuándo y cómo se tendría la respuesta, reiteró: “quiten a la gente y solucionamos el problema. El canal es la secretaría de Gobierno, véanlo la próxima semana.” Y abordó presuroso el vehículo, pasando como bólido frente a los manifestantes.

Cabe hacer notar que aquel perfil del “cambio”, “demócrata”, “amigo de los indígenas”, ha quedado en el anecdotario; su verdadera personalidad, retratada constantemente por los medios, es la prepotencia, la falta de diálogo verdadero, la imposición de su verdad y el rechazo a cuanto huela a organización social; la respuesta del gobernador a los antorchistas, confirma lo señalado. Porque ¿no queda clara la injusticia y el drama que están viviendo los desalojados, que requieren una solución inmediata? El señor gobernador falla lamentablemente en su respuesta porque antepone sus prejuicios. Primero: Quitar el plantón para que haya diálogo y soluciones, ¿no será la maniobra para reforzar exactamente lo contrario? Pues antes del plantón, 34 días buscaron las víctimas el diálogo y las soluciones, ¡y no hubo nada! Segundo: Anular la protesta, desalojar a los inconformes, ¿no es un rasgo de los gobernantes insensibles y antidemocráticos para no condescender ante el pueblo? Tercero: Insistir en un canal que ha demostrado total indisposición e ineficacia para resolver el problema, ¿no es la manera diplomática de alargar los problemas y negar las soluciones?

Los desalojados, sus compañeros y toda la gente de nobles sentimientos esperaban una respuesta puntual de cómo y cuándo resolver el problema, no condicionantes y mucho menos evasivas, pues la posesión era sobre un terreno abandonado, convertido en nido de malvivientes; Morales Ruiz, está comprobado en acta ministerial, no es dueño, y por tanto, no tenía ningún derecho para desalojar. Pero la situación así está y no queda más remedio a los antorchistas que seguir luchando para lograr obtener la justicia social que los pobres de Guerrero necesitan en los hechos, no de discurso.

La respuesta a la condicionante del gobernador está tomada: no se levantará el plantón hasta no tener una respuesta precisa y responsable al problema, se anunciará una próxima movilización en el puerto de Acapulco y se ampliará la denuncia a escala nacional con los recursos que el antorchismo dispone. Antorcha no renunciará a su compromiso social.