Con motivo de fin de año, es tradición felicitarse por el año que termina y desearse lo mejor por el que comienza, seguramente como el fiel reflejo de la aspiración que el hombre tiene de sacudirse los males que lo atormentaron en el período anterior y verse en otras condiciones con sus semejantes en el futuro. Más en los tiempos que vivimos, tal deseo está totalmente distorsionado por la propaganda y el consumismo que la sociedad ha creado y se transforma en pingües ganancias para el gran capital.

Tal situación se ve agravada con toda la serie de aumentos aprobados el fin de año y que entran en vigor a partir del 1º de enero, lesionando aún más el ya de por sí salario de hambre que tienen los trabajadores mexicanos. Si a eso agregamos los males que arrastra nuestra sociedad: inseguridad, desempleo, deficiente educación, escándalos políticos, ya nos podemos imaginar el año que nos espera.

Pero la situación se complica verdaderamente para los guerrerenses por la cauda de rezagos e injusticias acumuladas, que el gobierno de Zeferino Torreblanca no ha sido capaz de revertir, y que muy por el contrario, desdeña u omite para no complicarse la existencia. Tal es el caso de las 78 familias indígenas de Ometepec, que después de permanecer 100 días a la puerta de palacio de gobierno, no han recibido la acción de justicia correspondiente, mientras sus verdugos se pasean impunemente, demostrando que están bien “palancas” con el gobierno o que éste no sirve para auxiliar a sus gobernados.

Brevemente he de recordar a mis posibles lectores, que estas familias indígenas de Ometepec ocuparon, el 18 de febrero pasado, un predio convertido en basurero, monte y nido de malvivientes, que en su momento perteneció  a la empresa “Lácteos Costa”, pero que por haber quebrado, desde hace aproximadamente diez años estaba abandonado; tal ocupación se hizo después de haber solicitado a las autoridades estatales y federales, la compra del predio para la constitución de la Casa del Migrante (no olvide usted que Ometepec es punto de salida y llegada de miles de jornaleros que año con año emigran a los campos agrícolas del norte para poder subsistir, mismos que deambulan y pernoctan en la calle con su necesidad en espera de ser trasladados). Después del 18 de febrero, tal solicitud se reiteró, obteniendo como respuesta de Asuntos Indígenas, SEDESOL, Trabajo y Previsión Social, CDI, el burocrático “lo vamos a ver”. Es más, queriendo normalizar la situación, los indígenas ocupantes se comunicaron con el Fideicomiso apoderado de la empresa quebrada, solicitándole en venta el inmueble, a lo que se les respondió afirmativamente, cosa que pusieron en conocimiento de las autoridades y éstas reiteraron la misma respuesta burocrática.

Durante los siete meses siguientes, nadie se apersonó a reclamar como dueño el inmueble, nadie les notificó ningún requerimiento; así es como el 11 de septiembre del año pasado, se presenta un grupo de individuos fuertemente armados comandados por Bulmaro Morales Ruiz (dizque el dueño), con maquinaria pesada y, para vergüenza de la instancia de procuración de justicia, respaldados por el grupo de la Policía Investigadora Ministerial, para desalojar a los indígenas, y para mayor escarnio, quemarles casas y pertenencias, sin importarles que quedaran materialmente en la calle niños, mujeres y ancianos. De todo esto hay evidencias documentadas en poder de la PGJE. Con el inmueble en su poder, Morales Ruiz se ha dedicado a saquear los bienes que aún quedaban de la ex empresa, a amedrentar a los desalojados y a reírse de la “justicia”.

Y las autoridades, ¿qué han hecho? La Secretaría de Asuntos Indígenas ayudó  para presentar la denuncia y ha “mantenido pláticas” para atender el problema, francamente le saca la vuelta y no ha tenido resultados concretos. La SEDESOL y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dicen que construirán la Casa del Migrante, pero pensando en otro proyecto, totalmente ajeno a lo que es el problema actual. La PGJE con paso de tortuga integró la averiguación previa, pero llegado el momento de ejercitar la acción penal, simplemente se declara incapaz de ejecutar porque “se trata de un problema social que toca a la Secretaría de Gobierno”. Lo único valioso realizado por ésta dependencia hasta el momento, fue haber sustanciado oficialmente lo dicho por los quejosos desde un principio: que el desalojo fue cometido con todas las agravantes de ley; existen daños y perjuicios que deben ser castigados; y, lo verdaderamente importante, que quien los desalojó no se acredita como dueño del inmueble, estando por tanto su acción, fuera de ley. Sin embargo ahí esta estacionada.

Pero lo realmente sorprendente e indignante para toda gente honesta, es la actitud asumida por la Secretaría General de Gobierno, quien al igual que el señor gobernador, ni nos ve, ni nos oye, rayando su discurso en lo inaudito. Informada desde un inicio del problema, su respuesta fue superficial y burocrática, “lo vamos a ver”. Así se ha mantenido a pesar de que los desalojados están en la calle, agregando a su actitud otras características, la sordera e insensibilidad, pues después de 100 días de una protesta pública y pacífica a las puertas del palacio de gobierno, ha tardado en atender diciendo “que es asunto del presidente municipal de Ometepec (perredista también), que no lo encuentran, que son respetuosos de la autonomía municipal”. Pero lo que es realmente la perla y representa la esencia del proceder de los gobernantes, fue lo manifestado por el Subsecretario de Gobierno, Israel Soberanis Nogueda, en audiencia concedida: “El problema es un problema entre particulares y por tanto no cae dentro de la responsabilidad del gobierno resolverles, además, no hay dinero para comprar el terreno, y si les resolvemos, al rato van a venir otras gentes a pedir que también les ayudemos”.

¿Cómo la ve mi estimado lector? El meollo del problema radica en la actitud, en la óptica con que se ven los problemas de los guerrerenses pobres. En la única y reciente entrevista concedida, el Secretario de Gobierno dijo tener la disposición de ayudar a resolver, manejó alternativas y dio plazo, mismo que se ha vencido sin que haya una respuesta concreta. Por ello, los antorchistas reiniciaron movilizaciones para denunciar las injusticias que se cometen en Guerrero, e irán escalando su movimiento hasta hacerlo de carácter nacional con el respaldo de sus compañeros del país. Antorcha no traicionará la confianza de los pobres de Ometepec, de eso pueden estar seguros.