Las alianzas de los partidos en México constituyen una artimaña más en las rebuscadas maniobras de los políticos para repartirse el poder político en detrimento de las masas populares. Prácticamente ningún partido puede nombrarse asimismo oposición, porque todos gobiernan cuando menos un municipio, tienen legisladores locales o federales, o, cogobiernan estados mediante esas engañifas que han llamado alianzas. Lo cual los hace responsables de la actual depauperación de 80 millones de mexicanos.
Lo nuevo ahora son las alianzas entre la izquierda y la derecha, lo que muchos personajes han calificado de pretender unir el agua y el aceite. Pero no es cierto que esos partidos políticos tengan esa condición. Veamos: el PAN en Querétaro gobernó al más puro estilo de la Inquisición, reprimiendo organizaciones populares y encarcelando a líderes sociales. En menor grado, pero con la misma soberbia y tozudez gobierna en Baja California, Guanajuato y Morelos. A nivel federal, a todos los mexicanos nos queda claro que el gobierno panista es netamente antipopular: los incrementos a la gasolina, al gas lp, a la tarifa eléctrica y la escalada de precios en los productos de la canasta básica son responsabilidad de ese gobierno.
Por su parte, los gobiernos perredistas también discriminan a aquellas organizaciones sociales que no son afines a ellos o que no les reditúan ninguna ganancia política. En el Distrito Federal hay más de 300 familias hacinadas en lo que fue una bodega de la extinta Conasupo, en la delegación Azcapotzalco, que han demandado desde hace 15 años vivienda digna y, en vez de resolverles, los reprimen con granaderos cuando acuden a la Jefatura de Gobierno; lo mismo sucede con habitantes de Iztapalapa, Xochimilco, Gustavo A. Madero y otras delegaciones donde la gente pobre se organiza independientemente del PRD para exigir soluciones a sus peticiones. El gobierno perredista de la capital de la República incrementó las tarifas de los servicios públicos y el transporte, incluido el metro. En Baja California Sur, Zacatecas, Michoacán y Guerrero, la política antipopular de “la izquierda” se deja sentir. Ahora mismo, desde hace dos meses, hay 200 familias indígenas de Ometepec, Guerrero frente a las oficinas del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, exigiendo vivienda, pues fueron desalojados de su terreno por la connivencia del gobernador y el cacique local.
¿Hay diferencia entre la izquierda y la derecha a la hora de ejercer el gobierno? La respuesta es obvia ante los hechos cotidianos. Por lo tanto, ni la izquierda es agua ni la derecha es aceite o viceversa. Sus estatutos y principios teóricos dirán otra cosa, pero eso sólo es demagogia comparado con sus hechos. Porque como vemos, ninguno de esos partidos es “democrático” ni pretenden el “bien común” para los pobres. Sus políticas erráticas han provocado la miseria de 20 millones de mexicanos, producto del desempleo que alcanza la tasa de 4.8 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA). Tan sólo el año pasado se perdieron 181 mil 271 plazas y 60 millones viven en la pobreza con un incremento salarial de 2 pesos frente a una inflación de 4.3 por ciento, debido al incremento de los precios de las mercancías, lo cual afecta el poder adquisitivo, de por sí raquítico.
Y aunque no está en la polémica de las alianzas electoreras, debo decir en honor a la verdad, que algunos gobernantes priístas siguen gobernando al viejo estilo que los destronó de la presidencia de la república: autoritarios e insensibles a la realidad social. Cito como ejemplos los gobiernos priístas de Hidalgo, Puebla y Quintana Roo, pues siguen negando soluciones a la gente pobre que mantiene plantones frente a sus oficinas o que realiza marchas de protesta en las calles céntricas de las ciudades capitales de esos estados.
La clase trabajadora no debe confundirse. Los actuales partidos políticos son los responsables de la pobreza imperante en nuestro país porque gobiernan para la clase dominante. La alternativa es forjar un partido de los pobres que instaure un gobierno que administre la riqueza de la nación de manera equitativa e impulse a México por la senda del desarrollo y la prosperidad para todos.
