Como cada año, durante el mes de febrero se llevó a cabo el envío, vía internet, de proyectos productivos agrícolas, pecuarios, artesanales, industriales, de servicios y comerciales, dentro de dos programas oficiales de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA). Uno de ellos es el Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG), el otro es el Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA); ambos pretenden apoyar el combate a la pobreza en el medio rural, creando empleos, apoyando a sectores sociales vulnerables y en desventaja como lo son las mujeres, los indígenas, las personas discapacitadas y de la tercera edad, así como los habitantes del área rural sin derechos de propiedad sobre la tierra, con lo que se busca, al mismo tiempo, reducir la emigración a las ciudades y al extranjero. Objetivos loables en la teoría pero, hasta hoy, con escaso impacto en la práctica.
Durante el mes de marzo se están ratificando, directamente por los grupos, las solicitudes de apoyo a los proyectos productivos ante las delegaciones de la SRA en cada estado, previa cita recibida por internet a través de un técnico, que fue capacitado por la Secretaría para la elaboración y seguimiento de los proyectos, con lo que, al mismo tiempo, se busca dar trabajo a una gran cantidad de profesionistas desempleados o desempeñándose en tareas que no tienen nada que ver con su profesión, o bien que laborando con bajos salarios, tratan de complementarlos asesorando a los grupos solicitantes, pues de cada proyecto autorizado el técnico recibe el 10% del monto aprobado. Tan sólo en Campeche fueron habilitados, después de un curso y de aprobar el examen, 154 técnicos.
Así, inicia un nuevo ciclo anual en el que miles de técnicos, y decenas o cientos de miles de mujeres y jornaleros del campo, al entregar su proyecto esperan, una vez más, el apoyo económico para realizar una actividad para la que se consideran estar capacitados y mejorar su situación económica.
Como cada año, en cada delegación reciben cientos de proyectos y se aprueban decenas de ellos, por lo que la gran mayoría de los solicitantes permanecen a la expectativa, dado que las autorizaciones se van dando con desesperante lentitud y terminan prácticamente hasta el inicio de un nuevo ciclo, para reiniciar con nuevas solicitudes o, decepcionados, buscar otras alternativas para sobrevivir, emigrando, en el comercio informal, o en la delincuencia, organizada o no.
La limitante para hacerse acreedor al apoyo no es únicamente el escaso presupuesto, lo son también los vicios que imperan en la burocracia de la dependencia, que hacen cambiar, en la práctica, los objetivos de los programas y, con ello, los criterios de elegibilidad de los beneficiarios. Así, por ejemplo, cuando un alto funcionario pretende allegarse parte del presupuesto, instruye a los de abajo y estos a los técnicos, para que convenzan a los beneficiarios de aceptar un monto menor a lo proyectado, “si quieren ser aprobados”. Como es fácil suponer, las mujeres y los jornaleros del campo, que ya invirtieron tiempo y dinero en la elaboración y entrega de su proyecto, si recuperan lo invertido y aparte obtienen un recurso extra, lo aceptan, aunque lo recibido ya no sirva para llevar a cabo lo que se propusieron.
Un ejemplo reciente, vivo y actual, del conocimiento público, sobre los criterios con los que se manejan algunas dependencias federales, lo tenemos en la persona del director de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Juan Carlos Lavalle Pinzón, quien afirmó que “su” dependencia es “totalmente panista”, jactándose de haber despedido a todos los que no comulgaban con el PAN y contratado sólo a recomendados que apoyaron las pasadas campañas electorales panistas. ¿Criterios como éste han definido la entrega de apoyos en la SRA?
La delegación de la SRA en Campeche no ha sido la excepción de la regla, como lo demuestra el escaso o nulo impacto social de cientos de “proyectos productivos” financiados a lo largo de los últimos años, nadie, o casi nadie, da buena cuenta de ellos y del dinero supuestamente aplicado en la producción del campo campechano.
En esta ocasión, sin embargo, le podemos conceder el beneficio de la duda, pues al inicio de este nuevo “ciclo de la esperanza” llega a la delegación de la SRA el ingeniero José Antonio Cardozo Rivero, un joven que es posible que no esté impregnado de los vicios y costumbres de la burocracia federal y, por lo mismo, si la voluntad no le falla u otras influencias no lo dominan, pudiera llevar con limpieza, inteligencia y justeza el proceso de adjudicación y entrega de recursos, hasta donde llegue su responsabilidad.
De no ser así y continúan desvirtuando los programas para beneficio de unos pocos, estarán aumentando la irritación popular, agravando los problemas sociales de por sí críticos, haciendo que el pueblo pierda toda esperanza en quienes lo gobiernan y busque otras alternativas para salir de la pobreza. Los hombres y mujeres del campo ya no son tan ignorantes y manipulables como creen los altos funcionarios públicos, ya no los engañan tan fácilmente con sus campañas mediáticas y sólo hace falta que se decidan a organizarse y luchar por lo que les corresponde. Por hoy, una parte de ellos renovaron su esperanza, la SRA tiene la palabra.
