Tres días de terror, desamparo e incertidumbre vivieron aproximadamente 250 familias hermosillenses que fueron desalojadas de un predio conocido como Invasión Guayacán, ubicado al norte de la capital, cuyo propietario es el señor Ricardo Mazón, empresario sonorense y, al parecer, uno de los de mayor poder adquisitivo del estado; mismo que, según autoridades de la Secretaría del Ayuntamiento, promovió una demanda en contra de estas familias, quienes desde hace cuatro años invadieron dicha extensión territorial.
Como es costumbre de los gobiernos de derecha, y algunos cuantos de “izquierda” (PAN, PRD, PRI), siempre ponen la ley al servicio de los más poderosos del municipio, estado o país. Lamentablemente, las consecuencias de inclinar la balanza de un sólo lado recae en los intereses de los más pobres y humildes de todo el país, como es el caso del gobierno panista del licenciado Javier Gándara Magaña, actual presidente municipal de la capital sonorense; mismo que en tres días, y aprovechando la oscuridad de la noche -como los ladrones o los animales que buscan las tinieblas para cometer sus horribles crímenes-, desalojó a más de 250 familias.
Con todo el peso de la ley, y en punto de las tres, la una y las dos de la madrugada, de los días 24, 26 y 28 de agosto, respectivamente, cerca de 500 efectivos de seguridad pública -si no es que más-, todos ellos armados hasta los dientes con motocicletas, patrullas y las conocidas “perreras”, hicieron acto de presencia en el asentamiento popular ubicado a un lado del antiguo relleno sanitario; ahí se encontraban más de 700 familias catalogadas como de las más pobres de la ciudad. El objetivo de semejante demostración de la fuerza pública consistía en destruir las viviendas humildes de las dos secciones de dicho asentamiento.
Entre los participantes de tal atropello, se encontraban autoridades del gobierno municipal y estatal, quienes asesoraban el operativo de desalojo de la Invasión Humana.
El secretario del ayuntamiento, Gildardo Real Ramírez; el síndico municipal, Luis Enrique Terrazas; un titular del ministerio público (MP) y un trabajador de “Derechos Humanos”; así como otros funcionarios, que no tiene caso mencionar; recorrían las calles de lo que fue el predio Invasión Guayacán, desfilando en medio de una valla de elementos policíacos, todos ellos encapuchados, revisaron que no quedara ni un pedazo de cerco o tronco parado, en el cual se notaran los vestigios de lo que hace algunos minutos había sido el hogar de una familia de trabajadores sonorenses.
En el transcurso de estos desalojos se detuvo, o más bien se amagó, con el uso de la fuerza pública a unos 15 jefes de familia; éstos fueron presentados ante el MP para rendir sus declaraciones, que claro está, nada más se dedicaron a amenazarlos y atemorizarlos por si querían volver a reincidir en dicho “delito”.
La fiesta (el desalojo), según uno de los funcionarios del Ayuntamiento, les estaba saliendo a la perfección, pero no contaban con que el grupo de personas desalojadas se reunieran, a pesar del atropello cometido contra ellos. Los destrozos causados tanto en sus hogares y sus familias, un grupo de ellos decidió pedir el apoyo de la organización Antorcha Campesina para que los guiara en su lucha por el respeto a sus derechos humanos.
Al día siguiente del penúltimo desalojo, un total de 15 familias se apostaron a las afueras del Ayuntamiento de la capital para exigir al presidente Javier Gándara Magaña les diera un lugar a dónde vivir; además de reponerles las cosas que destruyeron al meter maquinaria pesada para derribar sus viviendas.
Hasta hoy, cumplen siete días de plantón permanente a fuera de las instalaciones del Ayuntamiento, y en todo este tiempo los funcionarios de la Secretaría han pretendido utilizar todo tipo de artimañas y manipulaciones para que los afectados levanten el plantón, por ejemplo: al darle rienda suelta a los antiguos líderes corruptos de dicha invasión para que dividan al grupo, y así acabar con el movimiento; pero hasta el momento sus esfuerzos han sido en vano.
Las personas desalojadas de la invasión Guayacán se decidieron a luchar junto a los representantes de la organización Antorcha Campesina para exigir al Presidente respete sus derechos como mexicanos, entre ellos, el derecho a una vivienda digna. A pesar de todos trucos de manipulación en su lucha, los manifestantes han ido creciendo en gran número.
Algunos medios de comunicación han publicado declaraciones del secretario del Ayuntamiento, quien asegura haber reubicado a 50 familias en distintas partes de la ciudad: en pies de casa o terrenos que se encontraban baldíos. Y los ex vecinos del Guayacán se preguntan ¿y quiénes son esas familias? y ¿qué certeza jurídica se les está dando, según el Secretario? Ya que apenas el día de ayer (viernes 02 de septiembre) se tuvo una reunión con el licenciado Sergio Flores, director de Asuntos Políticos del Ayuntamiento; éste declaró que apenas estaban trabajando en eso, que estaban estudiando, con Promotora Inmobiliaria del Ayuntamiento y el Infonavit, qué casas y qué terrenos se tenían disponibles para ser entregados y así empezar a reunir la documentación requerida.
Esta es una mentira de la que se está valiendo el Secretario, aunque es cierto que a unas ocho familias se les ofrecieron unas casas, mismas que siguen dando vueltas por el Palacio ya que no se les quiso entregar un documento que los avalara como propietarios, o un documento que les diera mayor certeza jurídica sobre dichas viviendas.
La estrategia de las autoridades, es dividir a ese grupo de manifestantes que se encuentran apostados a las afueras de sus oficinas, les prometen a algunos de ellos, aproximadamente 15 familias de las 110 de la lista, unas casas en diversos puntos de la ciudad. Quieren, solamente, darles pies de casa, y dejar en el desamparo a todas las demás, con lo cual agudizarían aún más la pobreza de estas personas.
Los vecinos del Guayacán y los antorchistas de Sonora, lucharán para que a todas estas familias se les dote de un predio digno, en el cual puedan fincar su patrimonio, y en el que ningún otro gobierno panista llegue a desalojarlos nuevamente, porque como bien lo dice la constitución, todo mexicano tiene derecho a una vivienda digna. Los desalojados no piden nada regalado, únicamente exigen que se les ayude a conseguir un predio que puedan ir pagando de acuerdo a sus posibilidades.
La estrategia del Ayuntamiento es dividir, la estrategia del grupo es estar unidos, porque sólo así lograrán que todos sean reubicados, que a todos se les asegure un predio donde habitar con su respectiva documentación, ya que se han dado cuenta que divididos los dejarán una vez más en la calle.
¡Queremos justicia, no más mentiras!
