Ciertamente el arribo de la actual administración estatal a su encargo, hace casi   once meses no ha sido nada sencillo, pues recibieron una administración con deudas de distinta índole, la mayoría de los programas ya estaban agotados y sumado a lo anterior la inexperiencia de los nuevos funcionarios,  generaron sin duda un difícil arranque del actual gobierno.

Por esas consideraciones y además por razones de racionalidad, la dirigencia antorchista tomo la determinación de tratar solo los pendientes con la anterior administración, esperando que el inició de año trajera una nueva perspectiva financiera y política para la nueva administración.

Con esa intención acudimos a solicitar audiencia los primeros días del año con el Lic. Miguel Alejandro Alonso Reyes, gobernador del estado, quién gratamente nos sorprendió, pues tuvo a bien de recibirnos en un lapso breve y manifestó de manera verbal que existía la mejor disposición de su gobierno para la atención de las necesidades de los pobres de la ciudad y el campo organizados en nuestro movimiento.

De ahí se desprendieron múltiples reuniones con funcionarios de distintas dependencias, que resultaron totalmente infructuosas, pues una y otra vez escuchamos como respuesta que los recursos estaban asignados y que no se podía hacer nada para atender nuestras solicitudes, fue hasta mediados de abril que luego de diversas mesas de trabajo con el Ing. Esau Hernández Herrera, Secretario General de Gobierno, se signó  un acuerdo para la atención de acciones de vivienda, apoyos agrícolas para gente del del campo, servicios básicos como: agua potable, drenaje, pavimentaciones, electrificaciones y apoyos asistenciales para familias de escasos recursos económicos.

Pero a pesar de que el acuerdo se suscribió con el segundo de abordo en el gobierno estatal, que se precisaron las acciones con toda puntualidad y se establecieron los alcances de cada una de las acciones, los días pasan y simplemente no hay avance en la mayoría de los acuerdos.

Baste citar a titulo de ejemplo el caso de la SEPLADER donde se suscribió el acuerdo de atender la necesidad de pisos firmes en los primeros días de mayo, solo se requería la entrega de una lista de los peticionarios, una vez entregada la lista se agregó el requisito de que debían ser comunidades de alta marginación y aunque se entregó la lista de acuerdo a los requerimientos a más de dos meses del compromiso, simplemente no inician las acciones y a pesar de nuestra insistencia, no hay absolutamente ninguna propuesta.

Vale decir que cada uno de los compromisos fueron establecidos por las respectivas dependencias en función a sus programas, presupuestos y capacidad de operación, por tanto nadie puede alegar que no cumple debido a limitaciones financieras o incapacidad operativa, quedando claro que el fondo del asunto es el desden y el menosprecio a las carencias de los menesterosos lo que explica la falta de cumplimiento a los acuerdos.

Conviene dejar asentado la excesiva burocracia y tramitología establecida por las distintas dependencias para atender a los peticionarios y vale decir que no pretendemos bajo ninguna circunstancia obtener condiciones especiales o desconocer la existencia de procedimientos o reglas de operación, pero el gran problema consiste radica en que pareciera que hay la intención de impedir la concreción de los acuerdos, pues a cada paso se ponen nuevos requisitos.

No hay de otra, no queda otro camino que retomar las protestas, pues ha quedado clara nuestra racionalidad, voluntad de dialogo y disposición a tomar acuerdos, pero también queda claro que sólo de nuestra parte hay tal voluntad, pues los funcionarios no ven tal situación.

Por tanto acudiremos a  Plaza de Armas el próximo 10 de agosto centenas de antorchistas a denunciar el menosprecio de los funcionarios y a solicitar la intervención directa del Gobernador y en esta ocasión no detendremos nuestras acciones hasta que veamos concretados los acuerdos. Que conste.