Hago un llamado a tiempo, porque no quiero derramar lágrimas después. Basta, ya basta. No se puede decir otra cosa: basta ya de muertes, de amenazas, de ofensas. Decírselo a sus autores es razonar como niños. Por eso, hoy quiero levantar mi voz para exigir a quien tiene la obligación de poner un freno definitivo: al gobierno del Estado de México. Así, y para que no haya lugar a dudas y la responsabilidad de lo que pueda pasar no caiga sobre los hombros de nadie, me dirijo al gobernador, Eruviel Ávila Villegas.

Han pasado 12 años de la funesta masacre orquestada por La Loba, en el municipio mexiquense de Chimalhuacán. Resumo rápidamente los hechos: en el año 2000, el Proyecto Nuevo Chimalhuacán, encabezado por el Movimiento Antorchista y organizaciones aliadas, ganó en buena lid las elecciones para gobernar el municipio a quienes entonces se sentían sus dueños: La Loba, su familia, grupos delincuenciales y funcionarios del gobierno estatal. El voto popular favoreció a Jesús Tolentino Román Bojórquez, y en eso no había discusión. Pero los perdedores, aferrados a la ubre de la que mamaron durante varias décadas, no lo aceptaron. Y fue así como el 18 de agosto, mientras se preparaba la toma de posesión del nuevo alcalde, desataron una balacera que dejó un saldo de 10 muertos y 90 heridos, todos antorchistas. La Loba y algunos de sus pistoleros que no lograron escapar fueron condenados a vivir en la prisión de por vida.

Para el gobierno estatal, encabezado en esa época por Arturo Montiel Rojas y Manuel Cadena Morales, ahí paró el asunto. ¡La justicia se hizo!, dijeron, y se echaron a dormir. Su autoestima, ansias de poder y nula autocrítica, les impidió verse en el espejo de los verdaderos culpables. Las cosas no son tan sencillas, y esto es lo que me interesa desatacar: el gobierno de Montiel y Cadena fue alertado con tiempo de lo que La Loba planeaba; varias veces el antorchismo recurrió a las altas esferas de la política mexiquense para dar cuenta de las agresiones y las amenazas de muerte contra nuestros compañeros; varias veces gritamos a los cuatros vientos que el triunfo pacífico de un pueblo se podía manchar de sangre. Y nadie movió un dedo. Parece como que para las autoridades políticas y judiciales, sólo se puede investigar una amenaza de muerte, cuando ya se ha cumplido.

Le recuerdo esta historia al gobernador Eruviel, porque -detalles más o menos- es exactamente lo mismo que ahora sucede en Ixtapaluca, con la salvedad de que las amenazas no se han cumplido.

Maricela Serrano acaba de ganar la presidencia del municipio, con votos contantes y en buena lid; pero los caciques, encabezados por el diputado federal Armando Corona Rivera no han asimilado su derrota y quieren venganza. Han enviado amenazas a Maricela Serrano Hernández, su familia y su equipo de campaña. Se trata de mensajes de muerte.

Hemos sido insistentes con el gobierno del estado para que frene los nuevos ataques contra la ahora presidenta electa y los antorchistas que la acompañan en esta dura lucha, para que ponga un alto, como su alta investidura lo demanda, a las agresiones de esta mafia, que se siente dueña de la vida en Ixtapaluca. Y la única forma de ponerle un alto es juzgándolos limpiamente y encarcelándolos como consecuencia lógica.

Pero Eruviel y su secretario de gobierno, Ernesto Némer, igual que hace 12 años, no han movido un solo dedo.

Es un llamado a tiempo, señor gobernador. Las amenazas de muerte en Ixtapaluca no se han detenido. Exijo, como miles de mis compañeros, que no se repita el 18 de agosto del año 2000. La responsabilidad será suya.