En el violento y agresivo desalojo que sufrieron decenas de familias humildes en Puebla y Tlaxcala, por parte de la policía municipal de San Pablo del Monte y la Policía Estatal de Tlaxcala, en un predio que se encuentra en el paraje Santiago de los Leones, se cometieron una serie de abusos que no deben quedar sin denuncia pública y castigo judicial. Además de desalojar a dichas familias, se les golpeó, robó y se les destruyeron sus sencillas viviendas; luego, con lujo de violencia, aprehendieron a ocho personas, entre ellas una menor de edad; y poco después, cuando otros vecinos reclamaban la libertad de los aprehendidos ante la Presidencia Municipal de San Pablo del Monte, fueron emboscados y otra vez sobajados, golpeados, y aprehendidos otros 11, entre ellos, dos líderes del Movimiento Antorchista.
Estos acontecimientos, que sucedieron el lunes 16 de los corrientes, son una muestra de la prepotencia e impunidad de las autoridades que ordenaron el desalojo pues violaron varias disposiciones y leyes de todo tipo, violaciones que no tienen ningún atenuante, por más que le busquen y que, a grosso modo, se enuncian enseguida.
Primero. El territorio en el que actuaron es evidentemente poblano. Lo muestra claramente, incluso, los documentos en que los supuestos dueños basan sus reclamaciones supuestos dueños: el contrato de compra-venta que exhiben, reconoce claramente que el predio pertenece a Puebla y no a Tlaxcala. Por lo tanto nada tenían que hacer las policías tlaxcaltecas en dicha área.
Segundo. Nunca hubo denuncia alguna ante autoridad judicial, pues si la hubiera, simplemente tendría que ser desechada Tlaxcala por no ser de su competencia. Los acusadores alegan haber realizado una denuncia ante un Ministerio Público de Tlaxcala; sin embargo, ésta se puso a las 2 de la mañana de ese día y una hora más tarde, a las tres de la mañana, los policías ya estaban desalojando. Semejante timo no es creíble ni para la mamá de su mamá.
Tercero. Nunca llegaron los policías y sus acompañantes (malandros ampliamente conocidos como mercenarios en el estado de Puebla) con una orden, ni solicitaron a los Antorchistas que se salieran del predio. No. Llegaron a golpear y a destruir porque ésa era su consigna. Y no hacer cumplir la ley, como quieren hacernos creer.
Cuarto. Sin ninguna orden de aprehensión, ni mucho menos, se llevaron a ocho vecinos, entre ellos a dos mujeres y una de ellas menor de edad, a la Procuraduría General del Estado. Y ya ahí, sin señalamiento alguno los tuvieron más de 18 horas, para después remitirlos a su similar de Puebla, donde los dejaron libres, para mayor muestra de su inocencia, al no hallarles responsabilidad alguna.
Quinto. Para más abuso, en San Pablo del Monte golpearon y aprendieron a 11 vecinos más, por demás está decirlo que sin orden judicial de por medio nuevamente, con el ridículo argumento de que los vecinos que se manifestaban por la liberación de los ocho apresados querían incendiar el palacio municipal pues en uno de los carros encontraron un recipiente pequeño de gasolina.
Sexto. No sólo destruyeron las sencillas casas, sino también vehículos y un camión de pasajeros en el que se trasladaron los vecinos para pedir la libertad de sus compañeros.
Séptimo. Los vecinos habían comprado legalmente el predio al señor Pascual Arce Flores legitimo dueño del mismo, pues tiene un oficio inscrito legalmente en el registro público de la propiedad. Esta verdad, la conocían perfectamente las autoridades de San Pablo del Monte.
En el Derecho mexicano todas estas acciones están catalogadas como delitos. De ellos son responsables tanto las autoridades que las llevaron a cabo, como quienes los indujeron a cometerlos. El uso mañoso de la ley, la puesta en mantel de la ley para que el mejor postor la use a su antojo, es bien sabido que es práctica común en nuestro país. Nuestro reclamo es que se castigue a los culpables.
Cuando el Secretario de gobierno conoció las atrocidades cometidas por la policía estatal, se dijo sorprendido y hasta indignado; repitió que él y el gobernador desconocían quién había ordenado efectuar la agresión, dejando entrever que reconocía la gravedad de los acontecimientos; pero ninguna responsabilidad de ellos.
Pedimos al gobernador de Tlaxcala que haga realidad lo que declaraba hace unos días a propósito de su Primer Informe de Gobierno: que en su gobierno, la gente es primero; que era un gobierno que con su actuar y resultados dignificaría un desarrollo integral más justo y más equitativo. Este discurso sonará muy hueco si no se aclaran perfectamente los hechos y se castiga a los responsables, pues hasta ahora, no hay ningún culpable, pero alguien tiene que dar la cara.
