El Movimiento Antorchista de Quintana Roo, durante sus diez años de existencia, se ha consolidado como una organización que de manera consecuente, honrada y pacífica, encabeza a los sectores más desprotegidos en su lucha por mejorar sus condiciones de vida.
Durante todo el año, nuestros activistas -acompañados por el humilde labriego y el sencillo colono-, realizan labores de gestoría ante los diferentes niveles de gobierno respetando las formas de petición a que tiene derecho cualquier ciudadano. Cierto es que, después de presentar nuestra petición en tiempo y forma ante el gobierno, además de decenas de visitas a las dependencias, antesalas, y una vez agotada esta vía, es decir, cuando ya no nos dejan otro camino, recurrimos a la manifestación pacífica y, sólo en caso de ser necesario, al plantón permanente frente a la oficina que no cumple.
Pero ahora resulta que se nos acusa, injustificadamente, de que los antorchistas “marchamos por gusto” para “presionar a gobiernos que no hacen otra cosa que preocuparse por el bienestar colectivo”. Y lo más preocupante del caso es que quien nos acusan de “abusar” del derecho constitucional a la manifestación pública -que por estar plasmado en la Carta Magna no debería ser sometido a juicio por nadie, y menos por el gobierno- es la “izquierda” de Quintana Roo (que ve en el antorchismo a un competidor en la representación de los pobres).
Para quien no actúe por consigna contra nuestro movimiento, debe ser de elemental justicia otorgarnos el beneficio de la duda, y dejarnos aclarar que nosotros, como una organización responsable y respetuosa de la ley, no salimos a marchar a las calles “por puro gusto”, sino obligados por las muchas esquivas a nuestra peticiones por parte de gobernantes insensibles, que ahora nos acusan de ser “estafadores” y “especuladores”. A ellos, les exigimos que demuestren sus acusaciones y, de ser necesario, procedan conforme a derecho por estos supuestos “delitos” que “cometemos”. Para no aparecer como mentirosos y oportunistas, nuestros detractores de la izquierda oficial están obligados a demostrar que los antorchistas hemos estafado o chantajeado obteniendo beneficios personales a costa de nuestros agremiados o de funcionarios. Si no lo hacen, quedará claro que actúan de mala fe, por verse afectados en sus intereses al frente de sus cargos políticos.
Y como en nuestra organización se nos ha enseñado a poner a las cosas nombre y apellido, ahijando claramente nuestras declaraciones y denuncias sin tapujos ni cortapisas, denunciamos abierta y claramente al gobierno represor de Felipe Carrillo Puerto, que encabeza Sebastián Uc Yam: primero, de incumplir sus compromisos de campaña; segundo, de ignorar y discriminar a los antorchistas de este municipio; tercero, de mandar a sus funcionarios a intimidar a los antorchistas carrilloportenses de las comunidades amenazándolos que, “de seguir a los de Antorcha”, jamás recibirán nada, y de que, cuando esto no funcionó, les ofrecieron dinero y cerveza para que los campesinos no asistieran a la marcha, y, finalmente, los acusamos de alentar a sus correligionarios y funcionarios de agredir física y verbalmente a la licenciada Marbella Pat Hoil y a los antorchistas de San Francisco Aké la noche del 15 de enero, mostrando con estas vergonzosas acciones cuál es el verdadero rostro de quienes tienen por candidato al que promueve la “República amorosa”.
Los perredistas creen que con acusarnos de “priistas que buscan desestabilizar a un gobierno de izquierda” les sobran los argumentos. Baste recordarles que, en diciembre del año pasado, los antorchistas bacalarenses realizaron una manifestación porque -al igual que en Carrillo Puerto- no se atendían demandas urgentes. El Consejo Municipal, encabezado por un connotado priista, reconoció que funcionarios menores de su administración no dieron la debida atención a nuestras demandas y ofreció una mesa de diálogo para resolverlas de manera paulatina, por lo que suspendimos nuestra manifestación y celebramos la sensibilidad del alcalde de Bacalar. Muy por el contrario, el ayuntamiento perredista de Carrillo Puerto, que hizo compromisos similares desde noviembre, incumplió totalmente los acuerdos y para poner la cereza del pastel, emprendió la campaña represora en nuestra contra. No luchamos, pues, contra uno u otro partido; luchamos porque es un derecho constitucional y por mejorar nuestras precarias condiciones de vida. Nada más.
Por todo lo anterior, anunciamos que realizaremos campañas masivas de difusión en todo el estado y a nivel nacional, para denunciar la actitud prepotente del alcalde de Carrillo Puerto, Sebastián Uc Yam. Y solicitamos la intervención de la máxima autoridad en el estado, depositada en la persona del Lic. Roberto Borge Angulo, para que ayude a detener las agresiones en contra de quintanarroenses humildes que sólo buscamos acceder mediante obras y servicios a una vida digna.
