Las mentes más lúcidas afirman que la democracia plena no existe. Que se trata más de un invento con fines mediáticos, para que todos creamos que podemos decidir el rumbo que debe tomar nuestra sociedad o de una utopía de “revolucionarios” trasnochados, que un derecho garantizado para la sociedad civil. Y no existe porque la vida del Gobierno-como institución dueña del poder central- es incompatible con el poder de todos para tomar decisiones. El gobierno concentra los poderes que la sociedad civil le ha dado, y con ello, se arroga toda la fuerza del Estado, que es mucha, para mandar y hacer cumplir su ley, nos guste o no nos guste.
De tal suerte que la democracia es la forma de legitimar a este Gobierno, que representa los intereses de una clase económica, en nuestro caso, la burguesa. Y el único derecho -y eso con sus asegunes- que le va quedando a la sociedad civil es el de votar por uno u otro representante de esa clase burguesa, sea PRD, PAN o PRI. Y ahí nos encuentra, a los mexicanos, la rueda de la historia: en el dilema de por quién votar para que sea nuestro Presidente durante los próximos seis años.
Y ¿si ninguno de los tres partidos más fuertes me representa, porque yo no pertenezco a la crema y nata de la burguesía, para qué me preocupo de votar por alguno? Creo que, a pesar de ello, es obligación votar por uno de los candidatos. Pero vámonos más despacio.
La única forma que tiene la sociedad civil de defenderse de la democracia burguesa es la organización consciente de los obreros, campesinos, estudiantes o colonos, para luchar en la defensa de su vida y sus intereses. Esa lucha se lleva a cabo en las calles, en las avenidas, en las plazas públicas, frente a una u otra dependencia de gobierno, porque la manifestación pública es la única forma efectiva de presión contra el gobierno, como la huelga contra los patrones.
Es decir, una vez elegido a nuestro Presidente (o al gobernador, alcalde, diputado, etc.), la única arma de defensa es la manifestación, liderada por una organización consciente de los intereses de clase, y por ello, debemos elegir a quien nos garantice sin restricciones dos derechos: organización libre y manifestación pública.
Un gobernante que ponga traspiés, aunque sea mínimos, a cualquiera de estos derechos es, de facto, un dictador, porque ya de por sí concentra todo el poder (“aunque se lo haya dado el pueblo”) y lo que ahora pretende es invalidar los único derechos que le dan poder al pueblo.
Y aquí termina mi razonamiento sobre el dilema de por quién votar. Andrés Manuel López Obrador, precandidato de la coalición de las “izquierdas” a la Presidencia, aunque se autodenomine como el más democrático y el más amoroso de los candidatos, es un conocido represor de todos los movimientos que no huelan a PRD, lo que se puede demostrar con su paso por la jefatura de Gobierno del DF o con los gobiernos de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy en Michoacán y más recientemente con el asesinato a manos de la policía de los dos normalistas de Guerreo, en donde gobierna el PRD, cuando se manifestaban en la Autopista del Sol. El amor de López Obrador -extendido ahora a todo el PRD- no le alcanzó para hacer cumplir el derecho.
El PAN, y muy en concreto su ala dura, no sólo se ha mostrado como el más feroz de los represores de la manifestación pública, como lo prueba el gobierno ultraderechista de Francisco Garrido Patrón en Querétaro, los dos últimos gobiernos de Jalisco o el propio Presidente de la República, Felipe Calderón, más interesado en dejar en claro el “lamentable caos vehicular” provocado por las marchas de campesinos en la Ciudad de México, que en resolver sus problemas o cuando menos oír de primera mano cuál es la razón de su inconformidad.
Enrique Peña Nieto -no puedo afirmarlo de todo el PRI- se ha comportado de forma distinta. Hace unos días, el Movimiento Antorchista instaló un plantón frente a Bucareli, porque el Gobierno Federal no había cumplido con la entrega de presupuesto para familias pobres etiquetado por el Congreso de la Unión y que debió ejercerse durante 2011. Pues no bien se acabaron de instalar los antorchistas, cuando la guerra mediática liderada por la empresa Milenio desató sus furias y rechiflas contra la justa lucha popular. El más aguerrido de los teóricos de esta batalla contra derecho constitucional de manifestación el conductor de Milenio Televisión Ciro Gómez Leyva entrevistó al precandidato del PRI a la presidencia de la República, y ahí, frente a la cámaras de televisión, le ofreció espacio e incitó a golpear a los ciudadanos manifestantes y a exigir su desalojo inmediato de las calles “tomadas”. Me pareció correcta la actitud de Peña Nieto, que se limitó a sostener-a pesar de la presión extrema del cerbero de las puertas del paraíso de la clase política y empresarial mexicana- que la manifestación es un derecho que otorga la Constitución y que se debe respetar a cabalidad; que es deber de los gobernantes buscar soluciones ante la exigencia de la población.
Considero que, con eso, el candidato del PRI se demuestra como un político progresista, cuando menos más que sus rivales del PRD o del PAN.
Y por eso considero que los pobres debemos votar por quien respete irrestrictamente la organización y manifestación para defender nuestros intereses cuando el gobierno vele por los suyos.
