Dirigente de Antorcha
en el Distrito Federal
Artículo Publicado en la Revista Buzos de la Ciudad de
México
Primera Quincena de Noviembre
El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel
López Obrador, está enfrascado en el conflicto
del Paraje de San Juan como si de su desenlace dependiera su
vida. El predio mencionado está ubicado en la delegación
Iztapalapa en el que se encuentran 12 colonias con vivienda
legalmente establecidas y con todos los servicios, que fue expropiado
en 1989 por el entonces Departamento del Distrito Federal. No
obstante, nueve años después, el supuesto dueño,
Enrique Arcipreste, interpuso un juicio que derivó en
la exigencia al Distrito Federal de pagar una indemnización
de 1,810 millones de pesos. Para el jefe de gobierno la sentencia
es, para decirlo con su terso lenguaje, “Una Pinche Transa”:
el supuesto dueño un impostor, las pruebas y testigos
falsos y, por tanto, la sentencia injusta.
Esto significaría, según varios analistas políticos
que defienden al jefe de gobierno, la cancelación de
varios programas, por ejemplo, los de atención a las
personas de la tercera edad, las becas para niños desnutridos,
madres solteras o personas minusválidas. Con tal enfoque,
dirigido a tocar las fibras más sensibles de la sociedad,
muy pocos pueden sentirse ajenos a la lucha de AMLO por proteger
el tesoro del DF y asegurar el ejercicio de los programas de
asistencia social amenazados.
Se suman a este apoyo, además de las personas beneficiadas
con dichos programas, los 13 jefes delagacionales afiliados
al P. R. D., cuyo argumento es advertir a los usufructuarios
de los programas asistenciales, la cancelación de esos
apoyos, en caso de pagar la indemnización a los supuestos
dueños del predio San Juan.
En contrapartida al jefe de gobierno y a sus partidarios,
figuran los delegados del PRI y del PAN, los empresarios de
la ciudad y por supuesto la Suprema Corte de Justicia. Para
esta corriente de opinión, en contrario a aquella, los
reclamantes son auténticos dueños, el procedimiento
es impecable y la sentencia, por tanto justa e inapelable.
Estamos pues, ante dos razones encontradas. Entre dos “derechos”
iguales y contrarios y, como sucede a menudo en estos conflictos,
decide la fuerza. Por ello ambos contendientes ya derraman montos
millonarios para ocupar los principales espacios noticiosos;
los afectados azuzan a los beneficiados de los programas sociales,
con la amenaza de su suspensión; aquellos instigan a
los beneficiados históricos con las sentencias de la
ley, para que esta se mantenga con su carácter inapelable.
Lo cierto es que ambos mienten, manipulan y agigantan el problema.
Los afectados, por que pueden pagar esa indemnización,
y aún otras erogaciones más grandes, si fuera
necesario y justo, con otros recursos que no afecten los programas
asistenciales. Por ejemplo los que se están usando para
pagar los espacios noticiosos que, quien tiene metido aunque
sea la punta de un pie en la lucha política, sabe que
son multimillonarios; o de otras fuentes, por ejemplo, de un
recorte de gastos suntuosos como viáticos, propaganda,
etc. O en último de los casos, sino hubiera otra partida,
negociar con los expropiados, condiciones de montos y plazos
para pagarles. De otra parte, de dónde fuera, en efecto,
menos del recorte o cancelación de la ayuda, de por sí
mísera, a las personas más necesitadas y marginadas
del DF.
Los beneficiados con la sentencia, mienten también,
porque usted, el pueblo sabe, que muchas sentencias son inducidas,
fabricadas, los testigos pagados, los jueces comprados. Entonces
¿Por qué no admiten duda alguna en el sentido
de que el proceso del predio San Juan puede ser un fraude más
en la historia de nuestro país?
Ambas partes manipulan y mienten. Y como siempre, quiérase
o no, otro proceso gana terreno. En vísperas de las elecciones
federales del 2006; la candidatura a la Presidencia de la República.
¿Por qué un proceso y una aspiración tan
legítima, como es el de ser el Guía de la Nación,
se vuelve inconfesable? ¿Por qué un proceso jurídico
tan elemental y ordinario, minúsculo para la potencialidad
económica del DF se vuelve un problema nacional? Porque
faltan obras, verdaderos programas populares, una ley e instituciones
que garanticen la justicia y la libertad de la nación
y, en consecuencia, conquisten la confianza, el cariño
y el voto popular. Por ello, un microscópico problema,
como el del predio San Juan, mantiene ocupados a los gobernantes
del Distrito Federal, soterrando en el sótano de la actividad
gubernamental las obras de verdadera trascendencia popular,
como la ampliación y eficiencia del Metro, la construcción
del Acueducto para canalizar al DF las aguas del Río
Cutzamala, la Seguridad Pública, la vivienda para las
clases populares, etc, etc. Mal estábamos. Y mal andamos.
