A fines del mes de mayo pasado, un grupo de solicitantes de lotes de Coatzacoalcos organizados en el Movimiento Antorchista, firmaron un convenio de compraventa con la señora Teresa Gómez Fernández, mediante el cual, ésta les vendió una superficie de 10 hectáreas de terreno del predio “Las Barrillas”, ubicado a un lado de la colonia Santa María de este municipio. Razón por la cual, el pasado primero de junio tomaron posesión legal y pacífica del citado predio.
A los pocos días de haber adquirido la posesión, apareció el señor Oscar de la Cruz, alegando ser también propietario del citado predio, razón por la cual decidieron salirse del mismo para aclarar la situación. Para esto, se llevó a cabo una reunión en la ciudad de Xalapa, en la que participaron funcionarios de la Subsecretaría de Gobierno, del INVIVIENDA y de la Dirección del Patrimonio del Estado.
Después de haberse llevado a cabo una minuciosa revisión de la documentación, tanto la correspondiente a la señora Teresa Gómez, como a la de Oscar de la Cruz, quedó claro que la superficie en disputa pertenece a la primera; que Teresa Gómez Fernández es la legítima propietaria, pues presentó la escritura No. 4027 de fecha 19 de enero de 1963, con las notas marginales de la expropiación del decreto de fecha 7 de julio de 1980 que llevó a cabo el Gobierno Federal sobre el predio “Las Barrillas”, así como el registro de la reversión que le fue otorgada el día 19 de junio de 1992 por sentencia dictada por el entonces Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en la ciudad de Coatzacoalcos, para que le devolvieran su predio, toda vez que no se cumplió la causal de la expropiación federal. Oscar de la Cruz exhibió un documento de muy dudosa legalidad, pues proviene de una escritura fraudulenta, consecuencia de un juicio sucesorio que fue producto de un ilícito de fraude procesal, promovido por los señores Raúl Bringas Burelos y hermanos, y que además se refiere a otro predio totalmente distinto, ubicado al otro extremo de la ciudad, donde actualmente se encuentran ejidos y colonias agrícolas legalmente establecidos en el municipio de Cosoleacaque.
Por otro lado, el pasado 4 de julio, el gerente general del Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano Regional y Vivienda (INVIVIENDA), Arq. Manuel Barclay Galindo, declaró ante los medios de comunicación locales que los terrenos en los cuales los antorchistas están formando su colonia no pertenecen a la Reserva Territorial de Coatzacoalcos, que pertenecen a la señora Teresa y que, por tanto, su asentamiento no es una invasión.
Oscar de la Cruz no pudo ni podrá probar jamás ser el propietario del Predio en el que se encuentran asentados los antorchistas. Todo Coatzacoalcos conoce la calidad moral de este señor y socios, que se han dedicado a cometer fraudes, vendiendo tierras que no son de su propiedad. Por esta razón, Oscar de la Cruz contrató a Victoria Gutiérrez López, líder de la UGOCM, quien al frente de un grupo de personas ha estado provocándolos para tratar de despojarlos de sus lotes mediante la violencia. Situación que también está tratando de aprovechar la UCISV- VER para llevar agua a su molino.
Al mismo tiempo, Oscar de la Cruz y socios están pagando una campaña en los medios de comunicación locales con el propósito de confundir a la opinión pública de Coatzacoalcos, queriendo hacer aparecer a los antorchistas como invasores y conflictivos, con el propósito de desprestigiarlos, y así el día de mañana, ellos mismos con gente pagada (porros) generar un acto de violencia en contra de los solicitantes antorchistas, para luego culparlos de sus perversas y sucias maniobras.
En el mes de septiembre de 2008 escribí un artículo en el que expuse que la tenencia de la tierra en Coatzacoalcos era un verdadero nudo gordiano, hoy después de haber estudiado más a fondo el caso del conflicto entre la señora Teresa Gómez y Oscar de la Cruz, descubrimos que Raúl Bringas Burelos se ha dedicado a engañar a personas con una escritura falsa, que supuestamente ampara 10,000 hectáreas, escritura que proviene de un ilícito de fraude procesal dictaminado ya por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito de fecha 28 de febrero de 2005, al momento de resolver el amparo en revisión número 646/2004.
