Desde hace varios años un grupo de más de 500 familias del municipio de Tantoyuca vienen luchando por adquirir un lote en el cual construir su vivienda. Dirigieron la solicitud al Presidente Municipal, Trinidad San Román Vera, toda vez que se sabía que el municipio contaba con una superficie grande de fundo legal. La Dirección de Patrimonio del Estado llevó a cabo los estudios socioeconómicos a los solicitantes y se integraron los expedientes de cada familia. Después de infinidad de vueltas y de reuniones, en el mes de julio, del año pasado, se llegó a un acuerdo con el presidente municipal, en el sentido de que en diciembre del años pasado se entregarían 10 hectáreas del fundo legal (terreno de asentamiento humano del ejido, comprende el casco del pueblo con sus iglesias, edificios públicos y casas de los pobladores) del municipio a los solicitantes, para que ahí pudieran construir una casa. Fueron testigos de este compromiso, el Diputado Federal, Genaro Mejía de la Merced y funcionarios del gobierno estatal.   
   
Llegado el plazo para la entrega de los terrenos, el alcalde se negó a entregarlos a los solicitantes, violando de manera flagrante el acuerdo tomado en meses pasados, con la argucia de que antes de hacer la entrega se tenían que introducir los servicios públicos al predio. Como era de esperarse, esta actitud molestó a los solicitantes. Éstos, al ver que su autoridad municipal los había engañado, obligados por la necesidad de una vivienda y por el pago de las rentas, decidieron meterse de manera pacífica en una parte del fundo, en la que ya se había pactado con Trinidad San Román. Ante esta legítima actitud de los solicitantes de lotes, el ayuntamiento emprendió una campaña represiva en contra de las familias sin casa, campaña que ha ido desde denunciarlos judicialmente hasta formar un grupo de porros que bajo las siglas del MOPI-FAS, se dicen despojados de los terrenos, tierras que en realidad son propiedad del municipio de Tantoyuca.   
   
El MOPI-FAS es un grupo que dirige el ex diputado perredista Uriel Flores Aguayo, que por lo visto no tiene el menor rubor para alquilar las siglas de su organización al mejor postor, en este caso al señor Trinidad San Román, la primera autoridad de Tantoyuca.    
 
Los solicitantes de lotes están exigiendo un derecho constitucional establecido en la fracción III del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, será muy difícil que Trinidad San Román evada el compromiso establecido con los solicitantes: entregar 10 hectáreas para vivienda a familias de escasos recursos económicos. Las denuncias que dice haber interpuesto no serán otra cosa más que echarle gasolina al fuego, pues el gran descontento que prevalece entre los huastecos de ese municipio con la muy mala administración que está llevando a cabo el presidente municipal, puede estallar en cualquier momento.

* Colaboraciones anteriores