Tienen razón las voces que exigen al gobierno federal la entrega inmediata de las aportaciones federales a los estados, y además que éstas estén completas y sin recortes. Apenas a inicios de la temporada de lluvias, ya se dejan sentir los efectos de los desastres causados por las tormentas y depresiones tropicales en varias entidades federativas, particularmente en Veracruz. Y los recursos que deberían llegar de la federación para resarcir estos daños no se dejan ver por ningún lado.
Pero no sólo para resarcir los daños causados por los desastres naturales se hace urgente que la federación cumpla con sus compromisos hacía los estados, también porque es urgente que los gobiernos estatales inviertan para sacar de la marginación a millones de mexicanos que viven en la pobreza. Especial atención se requiere en el campo, porque es donde se producen los alimentos indispensables para sostener a toda la población del país.
Ante esta situación, las declaraciones del secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens, en el sentido de que no existen los 8 mil millones de pesos que los estados deberían recibir por concepto de los excedentes petroleros en el primer trimestre del presente año, son una burla hacía el pueblo mexicano. Constituyen una burla porque nadie se cree el cuento de que los excedentes petroleros hayan desaparecido como por arte de magia.
El secretario de Hacienda pretende justificar el que no existan estos dineros, arguyendo que hubo una disminución en la producción de petróleo en el país y un aumento de 40 % en la importación de gasolina, versión que fue refutada de inmediato por la misma paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX), quien el pasado 23 de mayo dio a conocer el informe “Indicadores Petroleros abril 2008” que cotejado con este mismo informe, pero de abril de 2007, demostró que no hay tal caída en la producción petrolera, que por el contrario, México ganó 33 mil millones de pesos por la venta de petróleo, 11% más que el año pasado.
Si la misma paraestatal PEMEX está informando que obtuvo una ganancia multimillonaria vía excedentes petroleros, conforme a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los recursos para los desastres naturales ya deberían estar fluyendo, pero la realidad nos indica otra cosa. Y conforme a esta misma ley, el 25% de estas ganancias que corresponden a las entidades federativas también deberían estar siendo entregadas a los estados. Pero esto tampoco ha sido así.
Es muy grave que el gobierno federal pretenda despojar al pueblo mexicano de estos dineros, pues se refiere al recurso más importante con que contamos para impulsar el desarrollo y la estabilidad económica y política del país. Esconder o robarse este dinero significa hacer aún más pobre a las clases trabajadoras de México, de un lado y convertir en millonarios a unos cuantos, de otro. Significa también echarle gasolina al fuego, ya que estas acciones sirven para incrementar la irritación social de millones de pobres que están que trinan con sus precarias condiciones de vida.
La lucha de los gobiernos estatales que exigen su parte correspondiente de las utilidades de PEMEX es justa, por lo que merecen el respaldo de las masas cada vez más conscientes de sus propios derechos.
