El pasado 9 de julio en Radio Televisión de Veracruz, en el programa En Abierto, en el que participaron destacados periodistas, se trató un tema, a mi parecer, de suma importancia para los veracruzanos. El tema de los asentamientos humanos irregulares en el Estado, producto de las invasiones por parte de algunos líderes y organizaciones. Los comentarios de los participantes me parecieron equilibrados, pues si bien es cierto que señalaron la responsabilidad de las organizaciones que las promueven, también señalaron la responsabilidad que le corresponde al gobierno en estos problemas de las invasiones, así como la falta de una política de planeación y regulación estatal que resuelva el grave problema de la vivienda.
Contar con un lote para vivienda es un derecho constitucional, establecido en el artículo 4º de nuestra Carta Magna, a pesar de lo cual, en México existe un enorme déficit de vivienda. Los gobiernos reconocen dicho problema y dicen combatirlo, pero la realidad es que éste persiste. Con el propósito de compulsar la parte de responsabilidad que le corresponde a las organizaciones y la parte que tiene que ver con el gobierno en este problema de los asentamientos irregulares, trataré de narrar un ejemplo de mi experiencia práctica.
En 1999, un grupo de personas que no cuentan con lotes para construir sus viviendas del Puerto de Veracruz, se acercaron a la organización a la cual pertenezco, para luchar de manera organizada y resolver su necesidad. Se procedió a elaborar la solicitud, la Dirección de Patrimonio del Estado realizó los estudios socioeconómicos a los solicitantes y se presentaron ante el IDERE, organismo que en aquel entonces se encargaba de todo lo relacionado con la vivienda, para plantear el problema. Por esas fechas (finales de 1999) el Gobierno Estatal estaba en proceso de adquisición de 178 hectáreas para conformar la Reserva Territorial Vergara Tarimoya en el municipio de Veracruz y la primera respuesta que se dio a los peticionarios fue en el sentido de que tan pronto se elaborara el proyecto de lotificación se dotaría de su respectivo solar a cada familia solicitante.
Pasaron meses y años para que se concluyera el proyecto, a mediados del 2003. Pero ya casi para finalizar la administración del Lic. Alemán, cuando se supone se entregarían los lotes, resultó que tal entrega no pudo llevarse a cabo debido a las presiones de las desarrolladoras de vivienda, quienes pedían la mayor parte de la superficie para hacer negocios construyendo casas. Después de varias negociaciones se acordó que una parte de las tierras quedarían para tales desarrolladoras y otra para los colonos, y cuando ya se iba a ejecutar dicho acuerdo, apareció un amparo interpuesto por supuestos ejidatarios que reclamaban el pago total de la superficie. Una vez resuelto este reclamo, terminó la administración alemanista sin que se hiciera la entrega.
Al inicio de la actual administración, el organismo encargado de la vivienda deshizo el convenio anterior, en el que se dividía la superficie, para proponer que fuera Casas Geo quien desarrollara las 178 hectáreas y le vendiera las casas a los solicitantes, propuesta que no fue aceptada por la gente debido al alto costo de dichas casas. A inicios de 2007, el Lic. Fidel Herrera Beltrán instruyó a las autoridades del Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano Regional y Vivienda (INVIVIENDA) para que finalmente se les entregaran los terrenos a los colonos peticionarios, por lo que previo al pasado proceso electoral, después de 8 años de gestión ininterrumpida, se hizo la entrega en plano a los solicitantes y se inició el proceso de contratación.
La entrega física no se llevó a cabo con el argumento de que primero habría que nivelar todas las 178 hectáreas. INVIVIENDA propuso una empresa para que realizara estos trabajos, pero estableció costos extremadamente altos, más de diez mil pesos por lote sólo por la nivelación (negocio redondo), debido a lo cual sólo una parte de los solicitantes decidió entrarle con dicha empresa y otra prefirió buscar opciones distintas o conseguir maquinaria para la nivelación. Pero resulta que ahora que este grupo de colonos ya tiene la maquinaria para iniciar los trabajos de nivelación, las autoridades de INVIVIENDA se niegan a entregarle los planos, arguyendo otro amparo de 4 supuestos dueños, pero la superficie “amparada” no son las 178 hectáreas, sólo se ve afectada la de aquéllos que no le entraron al negocio de nivelación propuesto por INVIVIENDA. Todo parece indicar que se trata de una medida de represión.
-Volviendo al planteamiento del problema y de acuerdo con las opiniones vertidas en el programa En Abierto- ¿Quién resultaría culpable de que no pueda integrarse este asentamiento humano regularizado por el gobierno estatal en el Puerto de Veracruz? Evidentemente la responsabilidad recae sobre los directivos de INVIVIENDA, concretamente sobre el Arq. Manuel Barclay. Cualquiera, por mucha paciencia que tenga, se desespera y se ve orillado a participar en las invasiones o adquirir su terreno en zonas de alto riesgo, porque ahí es donde se los ofrecen a precios accesibles.
