Pachuca, Hidalgo.-Nuevamente el gobierno del estado de Hidalgo reprimió a un grupo de 4 mil integrantes del Movimiento Antorchista, al bloquear su  manifestación pacifica de hoy por las principales calles de Pachuca con elementos de la policía estatal y la amenaza del Director de Concertación Ciudadana José Paz Ugalde, de desalojar cualquier forma de protesta como la construcción de casas frente a la sede del ejecutivo, en la Plaza Juárez.

Desde muy temprana hora comenzaron a llegar los antorchistas de las diferentes regiones de la entidad, para iniciar con la jornada de protesta ante el gobierno del estado, por su incumplimiento con compromisos de obra pública y servicios básicos.

La dirigente estatal de Antorcha, Guadalupe Orona Urías, quien encabezaba al contingente de 4 mil antorchistas, dijo que nuevamente el gobierno del estado dio la misma respuesta que ha dado desde hace 3 años a sus demandas: “estamos viendo y analizando cada uno de los planteamientos hechos por Antorcha”, las palabras del Subsecretario de Gobierno Carlos Moreno Torres, quien recibió a la comisión de antorchistas.

“Al gobierno no le interesa resolver las necesidades de la gente más humilde del estado, no le interesa que cientos de campesinos pobres de las diferentes regiones tengan que sufrir las inclemencias del tiempo para hacer público su enojo por las mentiras con que se han venido conduciendo las autoridades estatales, ante la problemática que enfrentan en cada una de sus comunidades”, dijo la líder social en referencia al plantón que sostienen en Plaza Juárez.

Ante la insistencia de miles de campesinos y el anunció hecho con anterioridad sobre la construcción de algunas casas provisionales que sirvan a los plantonistas para guarecerse de las inclemencias del tiempo, nuevamente fueron objetos de represión por parte de las autoridades, quienes les impidieron instalarlas bajo la amenaza de desalojarlos.

La represión de que han sido objeto los antorchistas ya está denunciado ante instancias como la Comisión de los Derechos Humanos, por la agresión del pasado 11 de marzo por parte 200 elementos de la policía estatal y municipal.

Advirtieron que a pesar de la amenaza de desalojo, los manifestantes continúan en pie de lucha y a decir de ellos mismos, “ni con la policía nos harán desmayar en nuestra lucha por la solución de sus demandas”, señaló uno de los inconformes.