El Movimiento Antorchista denunció el allanamiento de morada, la tortura y la fabricación de delitos contra seis de sus integrantes por parte de supuestos miembros de la policía federal, hechos ocurridos antier en Naucalpan, Estado de México.

Homero Aguirre, vocero nacional de esta organización, dijo que la madrugada del sábado 2 de octubre, alrededor de veinte individuos ataviados con uniformes de la policía federal y del ejército mexicano, todos ellos encapuchados y equipados con armas de alto poder, penetraron violentamente en el domicilio ubicado en Circuito Historiadores de Ciudad Satélite, para lo cual hicieron añicos la puerta de entrada, y ya adentro golpearon a puñetazos y patadas a los jóvenes Carlos Désiga Cortés, Gil David Saldívar Velasco, Antolín de los Santos Cisneros,Edgar Iván Ríos Díaz, Jesús González Vázquez y Alberto Molina Marino,integrantes

del Movimiento Antorchista que habitan y cuidan esa casa propiedad de la organización en ese municipio, y los amenazaron con matarlos a ellos y a sus familiares si no se declaraban culpables de consumo y tráfico de droga y de tener nexos con un grupo criminal.

Agregó que “a pesar de la tortura física y psicológica que recibían, los muchachos se negaron a incriminarse falsamente, lo que provocó una nueva lluvia de golpes y amenazas de matarlos a ellos y a sus familiares, cuyos nombres obtuvieron de los teléfonos celulares de algunas de los torturados. Finalmente, cuatro de los muchachos fueron lanzados a la calle y dejados en libertad sin ningún cargo, mientras que Carlos Désiga Cortés y Gil David Saldívar, que fueron elegidos para acusarlos de ser “los cabecillas”, fueron trasladados por los encapuchados a la sede de la PGR en Naucalpan, localizada en el número 784 de la avenida 16 de Septiembre, en la colonia Alce Blanco, donde continuaron recibiendo golpes y amenazas para que aceptaran firmar una declaración en donde reconocieran que “trafican droga, pertenecen a un grupo criminal y guardan en una caja fuerte, supuestamente ubicada en un sótano de la casa, documentos y dinero donde se demostraban sus actividades ilícitas”, lo cual, por tratarse de una calumnia absoluta, nuevamente volvieron a negar los detenidos.

El vocero antorchista agregó que el agente del Ministerio Público Federal adscrito a la delegación de la PGR en este municipio, decidió liberar a los activistas, 16 horas después de su detención, debido a los argumentos de los abogados defensores, que deshicieron las acusaciones, y al apoyo de un nutrido grupo de antorchistas, entre los que se encontraban la diputada federal Maricela Serrano Hernández y el diputado local Miguel Ángel Casique Pérez, quienes demandaron que se detuviera el atropello y la fabricación de delitos.

Aguirre Enríquez agregó que “los antorchistas vemos con mucho enojo y preocupación estos atropellos que pusieron en riesgo la vida y la tranquilidad de las víctimas, de sus familiares, amigos y compañeros antorchistas, por lo que exigimos que se castigue a los responsables de su planeación y ejecución.