MOVIMIENTO ANTORCHISTA


Hay intereses mobiliarios
y económicos detrás del desalojo

en Cuautitlán Izcalli: Antorcha Campesina

* Nunca hubo ningún procedimiento legal o advertencia de reclamo de propiedad por parte de alguna institución pública o privada.

* La función de Antorcha ha sido la de gestionar la regularización de las viviendas de la gente que así lo solicitó y mostró disposición a pagar el costo del lote.

México, D.F.- El Movimiento Antorchista acusó a la presidenta municipal en Cuautitlán Izcalli, Alejandra del Moral Vela y al padre de esta, Ismael del Moral, de haber encabezado a los “agresores armados” que desalojaron a 500 familias antorchistas del ejido Tepojaco, pues defienden intereses económicos inmobiliarios de carácter individual. 

Mediante un desplegado difundido hoy en diversos medios a nivel nacional, la vocería del movimiento acusó que el enfrentamiento registrado el pasado 6 de julio (que dejó como saldo al menos 50 lesionados  y un centenar de casas y autos incendiados), no se trató de un simple forcejeo entre ‘paracaidistas’ y ‘humildes ejidatarios’, “sino de una brutal agresión orquestada por Alejandra del Moral, con el fin de facilitar un jugoso negocio inmobiliario para sus allegados”.

Según el documento, existen fotografías y testimonios que demuestran que la presidenta municipal se reunió un día antes con Eleuterio Ortega Silva y Mario Rodríguez, líderes de uno de los dos grupos de presuntos campesinos que se disputan la tierra, precisamente los de Tepojaco. En la reunión, se dice,  los dirigentes “exigieron” el desalojo inmediato de los antorchistas, que se preveía sería violenta. 

El propósito era, señala el desplegado,  “limpiar” un predio” en el que tienen interés gente adinerada y estrechamente ligada a la alcaldesa. Es por ello que el Ayuntamiento  otorgó todo el apoyo logístico, policíaco y mediático “para cometer la arbitrariedad y presentarla públicamente como un acto justiciero en defensa de las tierras “invadidas”.

Aseguran que la prueba irrefutable de que Alejandra del Moral, presidenta municipal de Cuautitlán Izcalli, tiene intereses o está ligada a intereses económicos y familiares, que buscan quedarse con ese predio, es que quien encabezó a la policía y a los agresores armados fue el doctor Ismael del Moral, padre de la presidenta municipal.

Estos datos, asegura la dirigencia antorchista, muestran el objetivo del desalojo, pues detrás de la decisión de la presidenta municipal ubican la influencia, “con fines de negocio inmobiliario”, de su padre, José Ismael del Moral Castro, ex candidato priísta a la alcaldía en el año 2000, ex líder municipal del PRI, integrante del Grupo Médico Integral Cuautitlán Izcalli, presidente de la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados del EdoMex (Achopem), y sobre quien pesa la grave acusación de haber sido beneficiario, junto con iglesias cristianas, particulares y empresarios, de descuentos irregulares en el consumo de agua por parte del Organismo Operador de Agua Potable (Operagua) durante la funesta y recientemente concluida administración municipal de David Ulises Guzmán Palma, del Partido Acción Nacional.

Disputa histórica

La tarde del martes 6 de abril, un grupo de ejidatarios de San Francisco Tepojaco, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, respaldados por medio centenar de elementos de la policía municipal local, con granaderos y policía montada, desalojaron, con armas de fuego, garrotes y gases lacrimógenos, a 500 familias pobres que desde hace más de 15 años habían asentado sus precarias viviendas en dicho predio. Las mismas que meses atrás solicitaron el apoyo del Movimiento Antorchista mexiquense para regularizar plenamente sus lotes.

El antecedente de dicho desalojo se ubica en la disputa entre dos grupos ejidales, de Tepojaco y Guadalupe, por 245 hectáreas del parque “Ignacio Pichardo Pagaza”  en las inmediaciones del Lago de Guadalupe, en Cuautitlán Izcalli.

Desde hace 25 años un grupo de presuntos ejidatarios vendieron y revendieron la tierra cuantas veces han podido. Sus principales cabezas son Orlando Guerrero Mendo, Jorge Belén Arvizu, Guadalupe Olguín, Crescencio Moreno Merino, Luciana de Jesús Sarragas, Magdalena Victoriano García y Mario Rodríguez, actual presidente del Comisariado Ejidal.

Como otras tantas, las 500 familias antorchistas confiaron en la venta y compraron 8 hectáreas para formar la colonia Ejido de Guadalupe. Convencidas después de que fueron esquilmadas y ante la presión de aquellos “campesinos” que pretendieron “recuperar sus tierras”, recurrieron al Gobierno del Estado de México, cuyo secretario de Gobierno, Luis Miranda Nava, convino con ellos regularizar la situación jurídica del predio, respetando los derechos de propiedad de los precaristas.

Por lo tanto, explica el documento difundido, no se trató de ninguna invasión pues los habitantes, hoy acusados falsamente de “paracaidistas”, tienen casi 15 años habitando ahí y compraron de buena fe a quienes en su momento se dijeron propietarios de una fracción del mencionado predio.

Así, el Movimiento Antorchista, afirma que el terreno en cuestión ocupa 27.5 hectáreas, no es ejidal ni propiedad privada o municipal, sino propiedad de los antorchistas, mismas que fueron declaradas por el gobierno mexiquense como zona urbana. Ello explica porque todos los intentos de los ejidatarios por reclamar la titularidad de la propiedad han fracasado en las instancias legalmente facultadas para conocer el asunto.

La función del Movimiento Antorchista en ese asunto, afirma la vocería, ha sido la de gestionar la regularización de las viviendas de la gente que así lo solicitó y mostró disposición a pagar el costo del lote. Prueba de ello, es un convenio entre el Instituto Mexiquense de Vivienda (Imevis), la dirigencia antorchista y el gobierno del Estado de México, para que las familias depositaran el pago de sus lotes en una cuenta del Imevis; un acuerdo documentado ante la Secretaría General de Gobierno mexiquense, y que estaba en marcha, pues los posesionarios ya habían hecho depósitos en la cuenta de la dependencia encargada de los asuntos relativos a la vivienda.

            Finalmente, los antorchistas acusan que nunca hubo ningún procedimiento legal o advertencia de reclamo de propiedad por parte de alguna institución pública o privada, sino que se trató de una emboscada para simular una defensa del patrimonio inmobiliario de los ejidatarios contra una acechanza de ‘invasores, todo con el fin de apropiarse de una superficie que puede dar cabida a desarrollos habitacionales y comerciales de lujo, a costa del patrimonio de los más pobres habitantes de este municipio, “que hoy están siendo agredidos y escarnecidos desde la presidencia municipal de Cuautitlán Izcalli”.

 

   
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