Pachuca, Hidalgo.- El gobierno estaba obligado a aplicar la ley, indicó Guadalupe Orona Urías, dirigente estatal de Antorcha Campesina, tras dar a conocer su postura sobre el desalojo de casi 200 personas de un predio de 4 hectáreas, realizado por la fuerza pública durante la madrugada del ayer.
La dirigente estatal recordó que el predio había sido invadido desde el pasado 29 de octubre por militantes de la organización que encabeza Edith Ibarra.
Señaló que fueron muchas invasiones y atropellos los que había cometido la también dirigente de la Unión de la Fuerza Indígena y Campesina (UFIC), y regidora por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Pachuca. , sin embargo en esta ocasión la Procuraduría giró una orden de desalojo de dicho predio, en la que ya habían construido chozas y casas de cartón.
Orona Urías, explicó que el predio es propiedad de Antorcha Campesina, y la posesión la tenía el ejidatario Trinidad Hernández Araujo, al que todavía no le liquidan el total del contrato de compra venta firmado entre su organización y el ejidatario, para construir ahí un centro comunitario.
Señaló que en el predio se construirá una unidad deportiva por parte del gobierno del estado, la cual podría iniciar en el presente año, luego que es un compromiso de las autoridades estatales.
Insistió que el desalojo por parte de la fuerza pública se realizó apegado al derecho y de forma legal.
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