* Felipe Calderón, Presidente de la República y José Francisco Blake Mora, secretario de Gobernación, deben intervenir para que se haga justicia
* La marcha de 50 mil antorchistas es este martes 7 de septiembre y partirá de la Plaza de las Tres Culturas a la Secretaría de Gobernación Federal
* En la capital de Oaxaca, marchan otros 25 mil antorchistas
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México, DF.- Para pedir que se solucione de manera justa el conflicto agrario entre Santo Domingo Yosoñama y San Juan Mixtepec, castigo a los secuestradores y a los asesinos de antorchistas oaxaqueños y detener las amenazas de muerte contra el líder nacional del Movimiento Antorchista, la dirigencia nacional anunció una movilización de 50 mil personas por las calles del Distrito Federal para mañana 7 de septiembre.
El antorchismo nacional acusa la omisión y el desdén del gobierno de Ulises Ruiz, pues no ha castigado a los responsables del secuestro y tortura de 39 indígenas mixtecos de la comunidad de Santo Domingo Yosoñama, incluyendo ancianos, jóvenes.
Dicha agresión es parte de un conflicto territorial que mantienen las comunidades de Yosoñama y Mixtepec desde hace varios años. No obstante, la situación se recrudeció cuando habitantes de Mixtepec asesinaron al campesino Simón Antonio Santos de la comunidad de Yosoñama, y provocaron lesiones a otros cuatro campesinos sin que hasta ahora se tengan responsables de esos actos.
“Todos estos hechos se han cometido a la luz pública y varios de ellos documentados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de esa entidad; sin embargo, todos siguen impunes debido a la omisión flagrante en la aplicación de la ley por parte del Gobierno del estado” informó Homero Aguirre Enríquez, vocero nacional de Antorcha.
A todo esto se suman los comentarios amenazantes y calumnias en contra del ingeniero Aquiles Córdova Morán y de la organización antorchista que representa, calumnias que en días recientes han circulado por internet. Aguirre Enríquez expresó que Antorcha Campesina no acepta “que se le persiga ni que se amenace la vida del Ing. Aquiles Córdova, hombre limpio y luchador social de toda la vida, querido y respetado por millones de personas que militan o simpatizan con el antorchismo”.
En rechazo a esta política de persecución y amenazas tolerada desde el gobierno de Ulises Ruiz, los antorchistas de todo el país iniciaron, desde hace una semana, una campaña nacional para exigir justicia y respeto en Oaxaca, en donde se incluye una marcha de 50 mil personas el 7 de septiembre; la cual partirá de la Plaza de las Tres Culturas a la Secretaría de Gobernación Federal.
A la par de esa marcha, 20 mil antorchistas caminarán en la ciudad de Oaxaca, con las mismas demandas: justicia para las víctimas, solución al conflicto agrario y respeto incondicional a la actividad y a la vida de nuestro Secretario General.
Aunque el conflicto en esa región no es nuevo, sí lo es el nivel trágico que ya alcanzó debido a la inacción de las autoridades políticas y judiciales de Oaxaca. Y es que, desde hace décadas Yosoñama mantiene una disputa por 1800 hectáreas que ha poseído desde hace siglos, y que reclama como suyas el pueblo vecino de San Juan Mixtepec. La situación se complicó por la intervención de las autoridades agrarias quienes decidieron que dichas tierras pasaran, sin más averiguaciones, a poder de Mixtepec.
Después de ello, el enojo de unos contra otros fue evidente: secuestro de 39 campesinos por parte de Mixtepec y el asesinato de Simón Antonio Santos, por un balazo en la cabeza, y lesiones de gravedad a otros cuatro.
Antorcha, desde la primera agresión, inició la denuncia, instaló un plantón en demanda de que se liberara a los campesinos, se castigara a los secuestradores y se encontrara una solución justa al problema agrario en mención. Pero no hubo respuesta gubernamental.
Las agresiones no se han detenido ahí: “alentados una vez más por la impunidad de la que gozan los homicidas y secuestradores, ahora se han puesto a lanzar amenazas de muerte contra Aquiles Córdova Morán y a lanzar injurias y amenazas en contra de dirigentes antorchistas locales.
Antorcha señala que la situación es grave, dado que no sólo es para la seguridad de los antorchistas, sino para la propia estabilidad del país, pues es obvio que ahí se encuentra un foco delincuencial al que las autoridades oaxaqueñas no han quieren, ni quieren tocar “ya sea por complicidad o por incapacidad”.
