Carta del Movimiento Antorchista Puebla a:
Puebla Pue.- Este lunes, los reporteros Iván Tirzo, de El Sol de Puebla; Elvia Cruz López, de El Columnista y www.contraparteinformativa; Luisa Tirzo Santos, del Periódico Síntesis; y Patricia Nolasco de www.imagenpoblana.com , difundieron la existencia de una orden de aprehensión por supuestos delitos de despojo, robo y amenazas en contra del ingeniero Juan Manuel Celis Aguirre, Dirigente estatal del Movimiento Antorchista poblano, y tres integrantes más de la Organización.
Basan sus dichos en un expediente penal de origen incierto, del cual reproducen algunos fragmentos, presumiendo tener una copia, pero no mencionan quién se responsabiliza del documento. En uno de los medios se afirmó que “fuentes de la policía ministerial”, esto es, agentes judiciales, declararon que no ejecutaban la orden de aprehensión por “órdenes de arriba”, interpretando el reportero que se referían al ex gobernador Melquiades Morales y al todavía mandatario estatal, Mario Marín Torres.
Sobre lo anterior, el Movimiento Antorchista de Puebla rechaza tajantemente tales acusaciones en contra del Dirigente Estatal el antorchismo y tres militantes más, y niega absolutamente que nuestros compañeros hayan participado, dirigido o planeado, alguna invasión.
El Movimiento Antorchista quiere dejar en claro que todos los predios que ha adquirido para los demandantes de vivienda, que por sus escasos recursos no tienen acceso a fraccionadoras, son adquiridos con el consentimiento de quienes se ostentan plenamente como legítimos propietarios, y previo acuerdo económico de compra-venta.
El supuesto expediente penal mencionado por los reporteros deja entrever cómo se fabrican acusaciones apócrifas desde la Procuraduría General de Justicia del Estado, utilizando a esa institución como garrote del poder, para intimidar a los luchadores sociales y hacerlos desistir de su respaldo a favor de las clases más desprotegidas de la entidad.
De ser cierta la existencia de tal documento, significaría que desde el Poder se ha puesto en marcha una estrategia para debilitar al Movimiento Antorchista y enfrentarlo con el próximo gobierno, frenando así su desarrollo y lucha a favor de los poblanos, centrando su ataque en la dirigencia estatal.
Dado el carácter secreto de los expedientes penales, sólo pudo haber sido entregado a las redacciones de los periódicos por el Poder Judicial o por la Procuraduría de Justicia del Estado, cometiéndose en ambos casos delitos penados por la ley, y quedando demostrado el origen oficial del ataque al antorchismo.
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