*Policías de Tlaxcala lesionan a 24 personas y destruyen casas en Puebla

*120 familias desalojadas de un predio

A la opinión pública nacional:

El Movimiento Antorchista Nacional denuncia por este medio la sangrienta agresión sufrida por 120 familias poblanas. El lunes 16 del presente año,  fueron desalojadas de un terreno de su propiedad, localizado en un paraje conocido como Santiago de Los Leones, perteneciente a territorio poblano, cerca del límite con Tlaxcala. Hubo un saldo de 24 heridos y 19 detenidos.

En la madrugada de ese día, más de 50 policías municipales provenientes del colindante municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, y otros 300 más pertenecientes a la policía estatal de esa misma entidad, acompañados de varios hampones reclutados en la región, agredieron a toletazos, balazos y gases lacrimógenos a las familias que se encontraban en sus domicilios; las expulsaron de sus casas, destruyeron y robaron todas sus pertenencias. Esta golpiza fue acompañada, en el transcurso del día, por otras dos igualmente violentas: una, cuando parte de las víctimas acudió a manifestarse en la presidencia municipal de San Pablo del Monte, cuyo alcalde, Hilario Salas Galán, es promotor principal de la agresión cometida al unísono con otras autoridades del gobierno encabezado por Mariano González Zarur; y otra más, cuando intentaban trasladarse a la ciudad de Puebla, en medio de una marcha, en compañía de cientos de vecinos que se solidarizaron con ellos.

Nuestra denuncia pública es una urgente y elemental medida de defensa, sobre todo porque estas agresiones policíacas brutales fueron presentadas por algunos medios, en el mejor de los casos, como “enfrentamientos” y en otros incluso se nos acusó, sin la más mínima prueba, de invadir ese terreno y agredir a la policía; ambas versiones, difundidas profusamente desde el poder político de Tlaxcala, falsean los hechos, buscan dañarnos moral y políticamente y son la semilla de nuevos atentados que ponen en riesgo la vida de personas inocentes, por lo que a continuación exponemos la verdad de lo sucedido:

Primero: No fue un enfrentamiento, sino una agresión bárbara, injustificada y absolutamente ilegal, por parte de las autoridades municipales de San Pablo del Monte y del gobierno de Tlaxcala, que convirtió a sus policías en asaltantes nocturnos en vez de guardianes de la ley. El operativo ilícito inició a eso de las 2 de la madrugada, los vándalos y los policías cerraron todos los accesos al predio y a otras colonias vecinas, se introdujeron al terreno, arrastraron a los vecinos a fuera de su casa a pesar de que dormían. Despreocupados,  procedieron a destruir las muy modestas casas de madera y cartón, con lo cual,  acompañaron de insultos pavorosos y ráfagas del disparo de sus armas. Procedieron así, subrepticiamente, porque sabían que no actuaban en cumplimiento de ninguna orden judicial ni en seguimiento de ningún proceso jurídico, sino en acatamiento a una orden política de muy alto nivel del gobierno de Tlaxcala, que unilateralmente ordenó una actuación de efectivos policíacos fuera del territorio que gobierna, sin que haya absolutamente ningún hecho o consideración legal que la justifique. En resumen, no fue un enfrentamiento sino que esas familias antorchistas sufrieron un asalto nocturno y violentísimo que les causó daño un físico y patrimonial, ordenado contra toda norma jurídica y fuera del territorio de Tlaxcala por el gobierno de esa entidad.

Segundo: Es absolutamente falso que los antorchistas invadiéramos esa propiedad. Las personas desalojadas por la fuerza son las propietarias legítimas del predio desde hace seis meses, fecha en que fue comprado al señor Pascual Arce Flores, mediante un contrato de compraventa derivado de la escritura que esta persona exhibió en su momento, junto con otros documentos que demostraban que era el legítimo propietario. Acto legal mediante el cual, posteriormente, ocuparon pacíficamente la superficie adquirida y construyeron ahí sus muy modestas viviendas con materiales provisionales, como lo tienen que hacer millones de personas pobres de este país, olvidados absolutamente por las autoridades de todos los niveles.

Tercero: Los gobernantes que atacaron a esas familias no sólo cometen un acto injusto, moralmente condenable, al abusar de personas que no pueden repeler este tipo de agresión, sino que cometen una serie de delitos que deben ser sancionados con la ley, que tanto gustan de invocar ellos y sus voceros cuando de atacar a las organizaciones y sus luchas se trata. En efecto, en una sola noche, los policías y sus jefes municipales y estatales violaron el artículo 16 constitucional, que expresamente manifiesta: “nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”; cometieron el delito de despojo, de abuso de autoridad y de daño en propiedad ajena; violaron leyes y reglamentos que impiden a las policías actuar en áreas y asuntos que no están dentro de su jurisdicción, entre otros muchos.

Cuarto: Estamos convencidos que este caso se suma a muchos más que demuestran que detrás del discurso y la conducta agresiva de los poderosos contra el pueblo organizado, está su filosofía, su convicción profunda de que el pueblo sólo entiende y sólo reacciona ante el lenguaje de la fuerza, ante el trato de bestia insumisa de que lo hace objeto el gobernante que lo conoce y sabe cómo manejarlo. Que por eso, es preferible que el hombre de poder se haga temer, más que amar, de su pueblo. Es una prueba de que la relación entre el poder y sus víctimas poco o nada ha cambiado desde la antigüedad más remota, y de que a estas víctimas, hoy como siempre, no les queda más recurso que organizarse para compensar su debilidad con su número.

Con base en lo anterior, anunciamos una lucha contra el abuso de poder en Tlaxcala; exigimos que se detenga la campaña denigratoria contra nuestra organización, que se restituya plenamente el predio del que fueron despojados nuestros compañeros, así como que se indemnice a los que fueron heridos y/o perdieron sus pertenencias. También exigimos que se inicien procedimientos judiciales contra los agresores, de cualquier nivel político que sean, incluidos en estos el de juicio político contra el alcalde de San Pablo del Monte y contra quien haya ordenado el uso de la fuerza pública del estado de Tlaxcala.
Todos los antorchistas del país protestamos contra este acto de prepotencia gubernamental, nos solidarizamos fraternalmente con nuestros compañeros poblanos a los que acompañaremos en las movilizaciones y actos cívicos necesarios en esta nueva lucha, que desde este momento tendrá resonancia en todo el país.

MUY RESPETUOSAMENTE
LA DIRECCIÓN NACIONAL